El viceministro de Transparencia, Yamil García, informó que en torno a la investigación por el daño económico a Boliviana de Aviación (BoA) se evidenció que entre los implicados se encuentran el exministro de Obras Públicas, Édgar Montaño, y el antiguo gerente de la aerolínea, Ronald Casso.
La autoridad señaló que ya se inició una investigación formal en el Ministerio Público y que las notificaciones a los implicados están en curso. En los próximos días, los involucrados tendrán que comparecer ante la Fiscalía para prestar su declaración informativa o, en su defecto, acogerse a su derecho de abstención.
Entre los principales implicados se encuentra el exministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, cuya cartera tenía tuición sobre la aerolínea estatal. Según García, existen documentos y correspondencia que evidenciarían que la exautoridad tenía conocimiento de los hechos a partir de denuncias públicas realizadas con anterioridad.
“Entre los implicados está el exministro Edgar Montaño, que además se encuentra dentro del Ministerio de Obras Públicas, la entidad bajo su tuición y que también tuvo conocimiento de este tipo de hechos a través de sucesivas denuncias públicas. Hay correspondencia donde reconoce estos hechos”, señaló García al programa Poder y Placer.
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Daño
Asimismo, la investigación alcanza al exgerente de la aerolínea, Ronald Casso, y a exmiembros del directorio de la empresa. No obstante, el viceministro evitó brindar mayores detalles sobre otros nombres debido a que aún se encuentran en proceso de notificación.
García explicó que, una vez cumplida la etapa de declaraciones, el Ministerio Público podrá determinar las acciones legales correspondientes, incluyendo la eventual aprehensión de los implicados, conforme a lo establecido por la normativa vigente.
El caso se centra en la gestión de la ruta internacional entre Santa Cruz y La Habana, cuya viabilidad y resultados económicos fueron cuestionados, dando lugar a esta investigación por presunto daño económico al Estado.
García informó el martes que una averiguación conjunta con el Ministerio de Obras Públicas evidenció un daño económico de más de 18,4 millones de bolivianos en la empresa estatal Boliviana de Aviación (BoA), vinculado a la apertura de la ruta aérea entre Viru Viru (Santa Cruz) y La Habana (Cuba).





















































































