Este jueves, diputados del Partido Demócrata Cristiano (PDC) denunciaron una presunta estructura de corrupción dentro de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) que involucraría a su presidente, Yussef Akly, con la gestión de Luis Arce.
Los legisladores oficialistas aclararon que el objetivo de la presentación no es apuntar contra el presidente Rodrigo Paz Pereira, sino ayudarle a desmontar las posibles irregularidades dentro de algunas instituciones públicas.
“Esta presentación no es contra el primer mandatario, más al contrario, Rodrigo Paz Pereira nos pidió en campaña y luego de campaña, al asumir el cargo, que seamos serios, transparentes, y ayudemos a transparentar todas las instituciones del Gobierno”, afirmó la diputada Patricia Patiño en conferencia de prensa.
Presidente de YPFB
De acuerdo con los diputados, que presentaron el informe “el cartel de la gasolina basura: del lobby del litio a la adulteración de los combustibles”, Akly formó parte de Lithium One Bolivia, empresa que tiene como presidente a Jorge Alberto Roca Kauffman y tendría un fuerte vínculo con la familia Arce, especialmente con su hijo Rafael Arce Mosqueira.
Según las pesquisas, en 2022 y 2023, el actual presidente de YPFB tuvo un cargo importante en la empresa que buscaba “hacer negocios oscuros con el litio”. Ahora, “se invirtió la situación” y Roca Kauffman forma parte del directorio de la petrolera estatal.
“Ahora se invirtió la situación y ahora el presidente de YPFB contrata los servicios de Roca (…), Roca no es solo un funcionario, sino que es socio de Energy Oil Corporation. Esta empresa privada ha sido contratada por YPFB para el transporte de combustible”, indicó la diputada Patiño.
Según la legisladora, Roca no pude ser parte y juez, adjudicándose contratos para el transporte de combustibles a través de Energy Oil Corporation aprovechando su peso en el directorio de YPFB.
Corrupción con combustible
Asimismo, la denuncia de los diputados oficialistas apunta a un enriquecimiento a partir de la importación de gasolina de 97 octanos, una de las más caras del mercado, pero que se mezcla con etanol en el país a un precio más económico.
“El resultado es que el costo es a 0,55 dólares, pero el Estado paga y vende a 1,10 dólares. ¿Dónde se queda esa diferencia, dónde va esa ganancia ilícita? Esto debió supervisar la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH), esto es una responsabilidad directa de esa exfuncionaria (Margot Ayala)”, fustigó Patiño.
Los legisladores del PDC concluyen afirmando que hay un “triángulo de corrupción” que debe ser desmantelado. “Es un triángulo que está definitivamente diseñado para extraer recursos del Estado a través del combustible adulterado. Está clara la figura y es triste tener que ver esta situación”, dijo Patiño.
Como primera medida, se solicitaron informes escritos a las autoridades del sector hidrocaburífero que, por el momento, no obtuvieron respuesta ninguna.
