El Gobierno abrió el debate sobre un reordenamiento integral del sistema de tierras en Bolivia, que incluye la auditoría al Instituto Nacional de Reforma Agraria (INRA), la conclusión del saneamiento pendiente y la reconversión de la pequeña propiedad como una vía para frenar el despoblamiento rural y reactivar la producción.
“El INRA tiene que volver a ser un instituto eminentemente técnico y liberarse de las mafias que traficaban datos e influencia para promover avasallamientos en todo el país”, dijo el viceministro de Tierras, Hormando Vaca Díez, en Piedra, Papel y Tinta de La Razón.
La autoridad sostuvo que durante años la institución fue utilizada como un instrumento político que permitió el tráfico de información y la paralización de procesos de saneamiento.
Tierras
Según Vaca Díez, el país tiene avanzado cerca del 94% del saneamiento de tierras y resta aproximadamente un 6%, cuya conclusión es prioritaria para cerrar el ciclo histórico del INRA. Para ello, el Gobierno prevé una auditoría integral que permita establecer responsabilidades sobre lo ocurrido en las últimas dos décadas y, de identificarse delitos, remitir los casos a la justicia.
En el marco del reordenamiento agrario, Vaca Díez defendió el Proyecto de Ley 157, que permite la conversión voluntaria de pequeñas propiedades en medianas, al considerar que el actual régimen está expulsando población de las provincias.
“Una tierra que no puede ser heredada, vendida ni usada como garantía para acceder a crédito termina abandonándose”, afirmó.
Advirtió que la falta de oportunidades productivas en el área rural está acelerando la migración hacia las principales ciudades del país y que, de mantenerse esta tendencia, hasta el 70% de la población boliviana podría concentrarse en La Paz, Cochabamba y Santa Cruz en los próximos años, con riesgos económicos y sociales a mediano plazo.
Desde su experiencia como productor, el viceministro señaló que la reconversión de tierras busca dar valor económico a la propiedad rural y permitir que los productores accedan a financiamiento para trabajarla, heredarla o decidir su futuro de manera voluntaria.
“No se trata de imponer, sino de abrir opciones para que la gente no se vea obligada a abandonar su tierra”, sostuvo.
Vaca Díez afirmó que el reordenamiento del sistema de tierras es clave para garantizar seguridad alimentaria, generar excedentes exportables y acompañar la estrategia del Gobierno de atraer inversiones y abrir nuevos mercados internacionales, bajo un marco de reglas claras y respeto a la propiedad.
