Bolivia se consolida como el país con mayor nivel de informalidad laboral de América Latina, una situación que no es coyuntural sino estructural y que se ha profundizado tras la pandemia y la actual recesión económica, según el análisis del economista Fernando Romero, a partir de los datos más recientes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).
El experto recuerda que la OIT señala de manera textual que “la informalidad sigue siendo uno de los principales desafíos estructurales del mercado laboral de América Latina y el Caribe”. En ese contexto, mientras la región registra una tasa promedio cercana al 47%, Bolivia encabeza el ranking con un 82,3% de empleo informal al primer semestre de 2025, muy por encima del promedio regional y duplicando incluso los indicadores por género.
Informalidad
Romero subraya que el problema se agrava en los sectores más vulnerables. Al cierre de 2024, la informalidad alcanzó al 83,9% de la fuerza laboral boliviana, con una incidencia del 86,1% en mujeres y un alarmante 96,2% entre jóvenes de 15 a 24 años.
“El grupo más golpeado y vulnerable por la crisis económica es este sector, lo cual los empuja a un trabajo informal, donde el salario mínimo es un privilegio, no un derecho”, advierte el economista.
Paradójicamente, Bolivia presenta una de las tasas más bajas de desocupación juvenil de la región, con un 5,1%, frente a un promedio regional del 12,5%. Para Romero, este dato no refleja fortaleza económica, sino precariedad laboral.
“Bolivia no tiene un problema de desempleo, sino más bien de un empleo precario, informal y de baja calidad”, sostuvo y explicó que la mayoría de los jóvenes trabaja en condiciones de subsistencia, sin estabilidad ni protección social.
El análisis remarca que en el país predominan el autoempleo y el subempleo, actividades que permiten sobrevivir en un contexto de inflación y recesión, pero que consolidan un mercado laboral frágil. “Más del 80% de su fuerza laboral trabaja en condiciones informales, donde no gozan de derechos laborales, beneficios sociales o de la posibilidad de ganar el salario mínimo nacional”, enfatizó Romero.
Ser formal en Bolivia
Frente a este escenario, el economista plantea que la informalidad no debe combatirse con sanciones, sino con incentivos claros. Reducir el costo de la formalidad, simplificar trámites y ofrecer beneficios tangibles como acceso a salud, crédito y mercados formales son, en su criterio, claves para revertir la tendencia.
“El camino no es sancionar la informalidad, sino dar condiciones para que dejen de serlo”, remarcó.
Romero indicó que la informalidad laboral debe ser abordada como una política de Estado, con la participación del sector público y privado. Mientras ser formal siga siendo caro, complejo y poco rentable, advierte, la informalidad continuará siendo para miles de familias bolivianas una estrategia de supervivencia y no una elección voluntaria.
Al respecto, el presidente Rodrigo Paz Pereira aseguró hace un par de semanas que su administración buscará que ser formal sea más fácil en el país, a través de incentivos y la reducción de impuestos.
