El reciente avasallamiento de tierras productivas en el Norte Integrado de Santa Cruz provocó una ola de pronunciamientos de asociaciones de cañeros y ganaderos, que declararon estado de emergencia y exigieron acciones inmediatas del Gobierno para garantizar la seguridad jurídica y la paz social.
La Asociación de Productores Cañeros (Asocaña) manifestó su solidaridad con los afectados por la toma del predio Patujú, en Montero, y expresó su repudio a lo que calificó como “hechos vandálicos” que ponen en riesgo la producción.
“Pedimos a las autoridades actuar de manera rápida y oportuna para restablecer el orden y la paz de los productores del departamento”, señala el pronunciamiento. Poco después, el Gobierno y la Policía desalojaron a los avasalladores y liberaron a quienes habían sido tomados como rehenes, entre ellos el gobernador Luis Fernando Camacho.
Avasallamientos
Por su parte, la Unión de Cañeros Guabirá, que representa a más de 1.600 productores, denunció la vulneración de la propiedad privada y de la Constitución por parte de grupos irregulares que buscan apropiarse de tierras cañeras.
“No lo permitiremos. Exigimos que se devuelva inmediatamente la seguridad jurídica y que la justicia castigue severamente a estos malhechores”, advirtió la entidad, que además se declaró en estado de emergencia.
La Asociación de Ganaderos de Pailón (Asogapa) también se sumó al rechazo categórico a los avasallamientos, calificándolos como ilegales y violentos. “Solicitamos con urgencia a las autoridades competentes el desalojo inmediato de los avasalladores y el resguardo de la propiedad privada”, expresó en su comunicado.
Las organizaciones coincidieron en que estos hechos no solo afectan a los productores, sino también a la seguridad alimentaria del país. Llamaron a la sociedad civil, instituciones y autoridades a unirse en la defensa de la propiedad privada y la seguridad jurídica, condiciones que consideran esenciales para el progreso de Bolivia.
