El Gobierno de Chile manifestó su rechazo a la propuesta del candidato presidencial boliviano Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano (PDC), de legalizar los denominados autos “chutos”, aquellos que, según las autoridades chilenas, son robados en su territorio.
El ministro del Interior chileno, Álvaro Elizalde, advirtió que una medida así “es un incentivo para la comisión de ilícitos”, dado que gran parte de esos vehículos provienen del contrabando y a través de vías irregulares.
La polémica se desató luego de que Paz Pereira, que obtuvo el 32% de votos en primera vuelta, dijera que en Bolivia “la mayoría tiene un auto chuto” y que no legalizarlos sería “un error”.
Autos
Sus declaraciones provocaron críticas de autoridades chilenas y parlamentarios que exigieron respuestas, incluso sugiriendo medidas como retirar el visado del Mercado del Sur (Mercosur) en caso de avanzar con la iniciativa.
Sin embargo, la propuesta de Paz Pereira no contempla legalizar autos robados, sino dar un marco normativo a los vehículos indocumentados que circulan en el país, debido a que muchos de ellos, en el transporte, son usados como herramientas de trabajo.
“Negar esa realidad sería desconocer la situación de más de cinco millones de informales en el país”, indicó al respecto.
De acuerdo con el candidato presidencial, no se trata de fomentar el robo, pues en el proceso de legalización se identificará si el vehículo pertenecía a otra persona o si existen medidas legales asumidas.
No obstante, Elizalde insistió en que cualquier tipo de incentivo a la informalidad vehicular pone en riesgo la cooperación bilateral. “Esperamos colaboración entre gobiernos, pero bajo un principio básico: respetar el Estado de Derecho y combatir el contrabando”, afirmó.
En Bolivia, los autos chutos representan un fenómeno extendido: son vehículos importados sin documentos legales ni aranceles, adquiridos a menor costo que los regularizados. Para sus propietarios, son una alternativa de movilidad y trabajo; para las autoridades, un desafío ligado al contrabando y la seguridad vial.
Además de las autoridades chilenas, otros sectores, como los transportistas, rechazan la propuesta del PDC, debido a que el parque automotor incrementaría, lo que afectará la circulación vehicular en las calles y se requerirá mayores volúmenes de combustibles.
