El defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, informó que un jueza agroambiental de La Paz ordenó la suspensión temporal del tratamiento legislativo de los contratos de litio con Hong Kong CBS Investment Limited y Uranium One Group Joint.
La decisión judicial estará vigente hasta que las autoridades administrativas cumplan con requisitos vinculados a la protección de los recursos hídricos, el medio ambiente y la consulta previa, libre e informada a los territorios indígena originarios de Nor Lípez y del Sudoeste de Potosí.
En conferencia de prensa, Callisaya dijo este miércoles que, en respuesta a una medida cautelar interpuesta por la institución defensorial, el Tribunal Agroambiental de La Paz determinó la suspensión momentánea del tratamiento de los proyectos de Ley 197/2024-2025 y 170/2024-2025, relacionados con la explotación del litio.
“Hemos sido notificados con la disposición de la jueza agroambiental del distrito judicial de La Paz, que admitió las medidas cautelares solicitadas por la Defensoría del Pueblo en torno al tratamiento legislativo de dos contratos vinculados a la explotación de litio, disponiendo la suspensión momentánea en su tratamiento”, dijo Callisaya.
El Defensor del Pueblo señaló que esta “suspensión momentánea” será en tanto las autoridades administrativas informen acerca de la realización de un estudio ambiental estratégico, particularmente, en referencia a los recursos hídricos.
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Litio
Según el informe defensorial, el tribunal pide que se realice un estudio acerca de las aguas fósiles en la región.
Además, la jueza instruyó que realicen un proceso de consulta previa, libre e informada hacia los habitantes del sector, afectados con los proyectos de litio.
Y dispuso que, antes del tratamiento legislativo de estos contratos, la Asamblea deba solicitar el estudio de evaluación de impacto ambiental estratégico, convocando también a los actores para la consideración de sus contenidos.
Callisaya dijo que estas acciones emprendidas por la Defensoría del Pueblo están enmarcadas en la defensa de los derechos humanos y ambientales. Así como en el cumplimiento del Acuerdo de Escazú y otros tratados internacionales suscritos por el Estado.
Los dos contratos de litio están aprobados por la Comisión de Economía de la Cámara de Diputados, en medio de protestas de parte de legisladores de oposición y el Comité Cívico Potosinista (Comcipo).
El pleno de la Asamblea Legislativa no analizó aún los documentos; sin embargo, existe rechazo y críticas a su intento de aprobación a poco de terminar la gestión del actual gobierno.
