La Defensoría del Pueblo solicitó ante el Juzgado Agroambiental de La Paz medidas cautelares para suspender el tratamiento de los proyectos de ley que autorizan la explotación del litio, en tanto no se cuente con estudios de impacto ambiental, disponibilidad hídrica y procesos de consulta previa a los pueblos indígenas.
La acción fue presentada el pasado 18 de julio por el Defensor del Pueblo, Pedro Callisaya, como una medida «precautoria para proteger los derechos ambientales y los principios constitucionales de respeto a la Madre Tierra».
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Defensoría
El requerimiento está dirigido a las autoridades de la Asamblea Legislativa y al presidente ejecutivo de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), y plantea cuatro medidas centrales.
La primera de ellas es suspender el tratamiento de los contratos relacionados al litio hasta contar con estudios técnicos. Luego se exige garantizar la consulta previa, libre e informada a pueblos indígenas aledaños a los salares donde dos empresas trasnacionales pretenden emplazar tres plantas de explotación del litio.
Asimismo, el pedido de la Defensoría exige evaluaciones estratégicas ambientales antes de aprobar contratos y validar los informes técnicos por instancias especializadas y representativas.
Entre los argumentos presentados se destaca la importancia del agua como bien vital y la necesidad de proteger su acceso frente a actividades extractivas. Además, se remarca la obligación de que los contratos de recursos naturales respeten los marcos normativos nacionales e internacionales en materia ambiental y de derechos colectivos.
La Defensoría informó que ya se notificó a la Asamblea formalmente para considerar esta acción en su agenda tras el receso parlamentario que duró oficialmente hasta el lunes.
Litio
Mientras tanto, se aguarda la resolución del Juzgado Agroambiental sobre la admisión y posible otorgación de las medidas solicitadas.
De esta manera, la Defensoría se suma a las críticas a los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC. Ambas firmas suscribieron contratos con YLB en 2024, pero los acuerdos no logran aprobarse en la Asamblea.
La inversión de las trasnacionales asciende a más de $us 2.000 millones y permitiría que el país produzca litio en grado batería gracias a la tecnología de extracción directa de litio (EDL).
Norma
Sin embargo, el abogado corporativo Ernesto Rosell considera que, debido a que el litio se encuentra catalogado como un recurso estratégico, se debe realizar un estudio ambiental previo.
«Todo proyecto de desarrollo que pueda generar impactos significativos en los sistemas de vida y en los componentes naturales de un territorio con características de biodiversidad sensibles debe contar previa y obligatoriamente con un proceso de evaluación de impacto ambiental», dijo en contacto con este medio.
En ese sentido, calificó la postura de YLB, al afirmar que los estudios técnicos y ambientales se realizarán más adelante, como «jurídicamente cuestionable».
«La suscripción de contratos que impliquen actividades de aprovechamiento del litio y otros recursos evaporíticos sin un estudio de impacto ambiental previo, puede ser jurídicamente objetable, a menos que se trate estrictamente de acuerdos preliminares, sin ejecución, sin definición territorial y sin impacto potencial, lo cual debería quedar claramente especificado en el texto del contrato», explicó Rosell.
