Luego de que el World Justice Project (WJP-Proyecto de Justicia Mundial, por sus siglas en inglés), emitiera un informe calificando a Bolivia como el país más corrupto de la región, el Gobierno salió a rechazar la evaluación y destacó los avances en lucha contra la corrupción.
La ministra de Justicia, Jessica Saravia, cuestionó a la ONG y la metodología que utilizó para emitir el informe que se difundió este viernes, en el que Bolivia ocupa el puesto 141 de 142 países en el índice global de ausencia de corrupción.
“Nosotros negamos enfáticamente lo manifestado dentro de ese informe (…), hemos sido evaluados constantemente como Ministerio por organismos y entidades que cumplen con una metodología y la información clara. Respecto al informe que ha salido hoy, es un informe sobre el cual ni siquiera conocemos la metodología y eso genera muchas dudas”, protestó.
Puede leer: Bolivia es el país más corrupto de Sudamérica, según WJP
En criterio de la autoridad, el informe del WJP, al haberse realizado desde afuera y de manera “unilateral”, debido a que no se tomó en cuenta los datos del Gobierno, está totalmente alejado de la realidad boliviana.
Según la ministra, esas instituciones tienden a considerar, por ejemplo, el pasarse un semáforo en luz roja como un hecho de corrupción, cuando en realidad dicha acción debería catalogarse como una infracción.
Saravia destacó que el país fue evaluado en 2024 por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), a la cual calificó como una instancia oficial y seria.
“Según los estándares del OCDE, sobre el conflicto de intereses Bolivia cumple con el 100% de las salvaguardas regulatorias y ha implementado el 78% en la práctica. Sobre la información pública, que incluye el acceso a la información y datos abiertos, el OCDE ha determinado que Bolivia cumple, en promedio, el 64% y 65% respectivamente”, destacó la ministra.
Asimismo, añadió que el OCDE reconoció que Bolivia cumple con “diferentes indicadores”, como un marco estratégico anticorrupción, la rendición pública de cuentas y otros mecanismos “que fortalecen la prevención de la corrupción y para mitigar los riesgos en materia de corrupción”.
En ese sentido, Saravia informó que, a la fecha, el Viceministerio de Transparencia se encuentra tramitando más de 900 causas en materia de lucha contra la corrupción, aunque solo se consiguieron poco más de 50 sentencias.
Además, recordó la implementación del Sistema de Información de Transparencia, Prevención y Lucha Contra la Corrupción (Sitpecro) para que la ciudadanía pueda presentar sus denuncias.
“Tenemos un compromiso, pero además un mandato, de no permitir la corrupción en el Estado”, afirmó la titular de Justicia.
Por ello, Saravia indicó que se continuará trabajando para eliminar ese tipo de actividades ilícitas y castigar a los responsables.





















































































