Bolivia ha sido calificado como el país más corrupto de Sudamérica y el segundo más corrupto del mundo, según el último Índice de Estado de Derecho publicado por el World Justice Project (WJP), con datos correspondientes a 2024.
El informe, citado por Infobae, evalúa a 142 países y jurisdicciones en ocho dimensiones clave del Estado de derecho, entre ellas, la ausencia de corrupción, que evalúa que los funcionarios del Gobierno “no utilicen el cargo para fines privados, mientras los funcionarios del Órgano Judicial evitan “el uso indebido del cargo para beneficio personal”.
Asimismo, ese rubro toma en cuenta que los integrantes de la Policía y el Ejército no aprovechen su posición para obtener ventajas privadas. A la vez que los funcionarios del Órgano Legislativo no se benefician a sí mismos con sus cargos.
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En el indicador de ‘ausencia de corrupción’, Bolivia se ubicó en el puesto 141, solo por encima de la República Democrática del Congo. El país sudamericano obtuvo apenas 0,23 puntos, una caída de cuatro posiciones respecto al informe anterior, lo que confirma un deterioro continuo en esta materia.
La debilidad más grave identificada por el WJP en Bolivia corresponde al uso indebido del cargo por parte de funcionarios del sistema judicial, donde el país ocupa el lugar 140 de 142. Le siguen la corrupción en la Policía y el Ejército (puesto 137), el Ejecutivo (131) y el Legislativo (120).
En el índice general del Estado de derecho, Bolivia se posicionó en el puesto 131 a nivel global y en el puesto 29 de 32 países en América Latina y el Caribe. Solo supera en la región a Nicaragua (137), Haití (139) y Venezuela (142), esta última en el último lugar global y regional.
En comparación con sus vecinos, Bolivia quedó por debajo de México (135), Paraguay (128), Perú (118) y Brasil (77). Los países con mejor desempeño en Sudamérica siguen siendo Uruguay (23) y Chile (29), según el informe del WJP.
Según el informe, desde 2015, Bolivia ha mostrado un retroceso sostenido en el índice: ese año registró 0,41 puntos, mientras que en 2024 descendió a 0,24. El informe del World Justice Project evidencia un profundo debilitamiento institucional y una preocupante normalización de la corrupción en todos los niveles del Estado.
