La Sala Constitucional Segunda de La Paz dejó sin efecto el fallo emitido por la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia que ratificaba el pago de Bs 744 millones por parte de la Sociedad Boliviana de Cemento (Soboce) a la estatal Fábrica Nacional de Cemento SA (Fancesa), en un proceso por competencia desleal.
Según el medio Correo del Sur, la decisión de la Sala Constitucional dispone que la Sala Civil emita una nueva resolución considerando los argumentos expuestos en la audiencia de acción de amparo constitucional.
Este fallo ahora pasa a revisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), que tendrá la última palabra sobre su confirmación o revocatoria.
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El proceso tiene su origen en junio de 2010, cuando Fancesa demandó a Soboce por utilizar acciones de la estatal para acceder a una línea de financiamiento de Bs 35 millones destinada a su planta de Viacha, lo que fue considerado un perjuicio para la cementera pública.
“Sustanciado el proceso en el Juzgado Público 4to en lo Civil y Comercial de la ciudad de Sucre, se emite la Sentencia N° 21/2013 del 6 de junio declarando Probada la demanda”, indica el fallo inicial, ratificado en su momento por el Auto de Vista N° 451/2013 del 19 de septiembre.
La Procuraduría General del Estado informó en ese entonces que el monto a pagar por Soboce ascendía a Bs 744 millones, incluyendo costas y costos procesales. La sentencia fue ratificada en varias instancias, entre ellas mediante el Auto Supremo 341/2015 y el más reciente Auto Supremo 059/2025.
Ante esta situación, durante estos meses los trabajadores de Soboce protestaron en las calles, pues el pago millonario podría significar el despedido de varios empleados y la afectación directa a miles de familias.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, expresó su sorpresa y disconformidad con la reciente decisión constitucional, señalando —según Correo del Sur— que los vocales de la Sala Constitucional se habrían extralimitado en sus consideraciones al fallar “ultraperita”, yendo más allá de lo pedido por los accionantes.
El caso continúa en desarrollo y queda pendiente de resolución final por parte del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP).
