La ejecutiva de la Federación Única de Trabajadores Campesinos del Altiplano Sud (FRUTCAS), Yamile Cruz, cuestionó al Comité Cívico Potosinista (Comcipo) en el tratamiento del conflicto por las aguas del Silala y la explotación del litio, al recordar que esa entidad también rechazó el acuerdo preliminar alcanzado en 2009 entre Bolivia y Chile por el uso compartido de las aguas.
“(Fue una) decisión unilateral del Comcipo. Ellos han tomado decisiones unilaterales que lamentablemente hasta hoy nos perjudica principalmente a la región del sudeste potosino.”, sostuvo Cruz en entrevista con La Razón Radio.
En aquel momento, el gobierno de Michelle Bachelet ofreció pagar $us 6,2 millones anuales por el uso del 50% de las aguas del Silala, pero el entonces presidente de Comcipo, Celestino Condori, lo calificó como una “burla”.
Trece años después, en 2022, la Corte Internacional de Justicia (CIJ) de La Haya concluyó que el Silala es un río de curso internacional. La sentencia zanjó el litigio iniciado por Chile, y dejó sin efecto cualquier posibilidad de compensación.
Cruz subrayó que la defensa del litio debe ir acompañada de una propuesta integral que garantice el acceso al agua, especialmente del Silala, y de la aprobación de una ley del litio que fije reglas claras y beneficios para Potosí.
También cuestionó la falta de transparencia del Gobierno y de Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que, según dijo, ha negado información durante más de cinco años. “No es que nos oponemos por oponernos. Si los contratos beneficiaran al pueblo boliviano, seríamos los primeros en defenderlos”, aseguró.
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Cruz recordó que fue su organización la que en 2006 presentó el primer proyecto piloto de industrialización a Evo Morales, lo que dio inicio a la planta de carbonato de litio. “Si se hubiera continuado el plan como tal estaba en este momento, ya deberíamos tener más de $us 600 millones en arcas del Estado boliviano”, afirmó.
Criticó al actual gobierno de Luis Arce, al que acusó de corrupción y de paralizar el avance del proyecto. “No ha hecho nada, solo negocios con su entorno. Hasta ahora la planta inaugurada en 2023 no llega ni al 10% (de funcionamiento)”, denunció.
Por último, Cruz respaldó la acción popular que logró frenar los contratos con las empresas rusa y china, y sostuvo que la industrialización debe realizarse con soberanía, participación comunitaria, transparencia y respeto ambiental. “Sin eso, no vamos a ser parte. Pero con eso, siempre vamos a apoyar”, concluyó.
Este martes, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) informó que el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K emitió un fallo que ordena que se suspendan los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
El Comité Cívico Potosinista (Comcipo), bajo la dirección de Alberto Pérez, expresó su respaldo al fallo judicial. Para los cívicos, la decisión sobre el futuro del litio debe ser tomada por el próximo gobierno y no por la actual administración.
