Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) aclaró este martes que todavía no recibió una notificación de manera formal con ninguna audiencia relacionada a una “acción popular” o medidas cautelares interpuestas por comunarios de la provincia Nor Lípez, en referencia a la suspensión inmediata de los contratos de industrialización del litio.
“YLB no ha sido notificada formalmente con ninguna audiencia de Acción Popular o de medidas cautelares que hayan sido solicitadas por comunarios de la provincia Nor Lípez del departamento de Potosí”, informó la empresa estatal a través de un comunicado.
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La institución señaló que, una vez reciba una notificación conforme a derecho, presentará un informe respaldado técnica y jurídicamente, en el que demostrará que no se ha vulnerado ningún derecho, individual ni colectivo, incluidos los de los pueblos indígena originario campesinos.
Este martes, la Central Única Provincial de Comunidades Originarias de Nor Lípez (Cupconl) informó que el Juzgado Mixto Civil y Comercial, de Familia, de Niñez y Adolescencia e Instrucción Penal de Colcha K emitió un fallo que ordena que se suspendan los contratos con la empresa rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC.
Los acuerdos se encuentran en la Cámara de Diputados a la espera de su tratamiento. Sin embargo, de acuerdo con los comunarios, las empresas trasnacionales ya se encontraban operando en el salar de Uyuni, debido a que daban por hecho la aprobación.
Al respecto, YLB informó que los contratos firmados con las empresas “aún no se encuentran en vigencia”, por lo que no existe actividad derivada de estos acuerdos.
“En consecuencia, no existe ninguna actividad emergente derivada de dichos contratos”, aseguró la empresa.
Ambos contratos, suscritos en 2024 para la construcción de plantas de carbonato de litio con tecnología de extracción directa (EDL), aún se encuentran en tratamiento legislativo y han sido objeto de medidas judiciales cautelares solicitadas por organizaciones de comunidades originarias y legisladores de oposición.
Por su parte, YLB ratificó su compromiso con la legalidad, la transparencia y el respeto a los derechos de toda la población boliviana, en medio del debate y la incertidumbre en torno a los contratos.
