En un mes de intensas acciones, la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) recuperó al menos 30.000 litros de combustibles y garrafas de Gas Licuado de Petróleo (GLP) que presuntamente alimentaban la minería ilegal en el país.
Así lo informó el director de la entidad, Germán Jiménez donde detalló que solo en abril se ejecutaron más de 30 operativos de control en coordinación con la Policía Boliviana.
“Hemos logrado incautar más de 30.000 litros entre carburantes y GLP que eran desviados ilegalmente. Estos operativos son recurrentes y se enmarcan en nuestra lucha por frenar el uso ilícito de recursos energéticos”, afirmó Jiménez.
Puede leer: Regalías mineras crecieron en Bs 80 MM el primer trimestre 2025
Los identificados en estos actos enfrentan sanciones de tres a seis años de prisión, conforme a la Ley 1178 de Hidrocarburos.
Jiménez destacó el apoyo de más de 14.000 efectivos militares desplegados en los últimos cinco meses para garantizar el abastecimiento seguro de combustibles, principalmente en zonas fronterizas.
“Mantenemos escoltas desde las plantas de almacenaje hasta las estaciones de servicio, especialmente en áreas de alto riesgo”, explicó. Esta estrategia busca evitar el robo y desvío de recursos, un problema que afecta la cadena de suministro legal.
Los controles no solo se centran en la incautación, sino también en la trazabilidad del combustible. Según la ANH, los decomisos corresponden a casos donde se comprobó la adulteración de documentos o la venta irregular a grupos vinculados a la minería no autorizada, actividad que consume grandes volúmenes de diésel y GLP para operar maquinaria pesada.
Jiménez aseguró que, pese a los desafíos, el abastecimiento de carburantes a la población “está garantizado” y que los operativos continuarán de manera sostenida. “No bajaremos la guardia. Seguiremos articulando con todas las entidades del Estado para proteger estos recursos estratégicos”, indicó.
Con estas acciones, se busca cortar el flujo de insumos críticos hacia la minería ilegal, un sector que no solo evade impuestos, sino que genera daños ambientales irreversibles en áreas protegidas y cuencas hidrográficas.





















































































