El Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) suspendió provisionalmente este lunes la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, denominada como la “norma confiscatoria», al admitir una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).
La decisión judicial prohíbe la aplicación de los parágrafos I y II de la norma, que autorizaban a entidades estatales decomisar productos alimenticios ante sospechas de acaparamiento o especulación, hasta que se emita una sentencia definitiva.
El TCP ordenó notificar al vicepresidente David Choquehuanca, en su rol de presidente nato de la Asamblea Legislativa, para que el Órgano Ejecutivo presente sus argumentos en un plazo de 15 días.
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TCP
Además, prohibió tratar cualquier normativa vinculada a la disposición hasta que el tribunal resuelva el fondo del caso.
La norma cuestionada facultaba al Estado a intervenir en la cadena productiva de alimentos esenciales, exigiendo a actores declarar información sobre producción y comercialización bajo reglamentación.
«Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos», indica la polémica disposición.
El Gobierno argumentó que esta norma permitirá luchar contra el agio y especulación, luego de que se identificara que algunos comerciantes y productores almacenan sus productos para venderlos a precios más elevados en época de escasez-
Sin embargo, surgió un fuerte rechazo a la norma, pues los sectores acusaban que las autoridades podían aplicarla de manera arbitraria, afectando al sector productor empresarial.
Denunciaron falta de seguridad jurídica y violación a la propiedad privada, por lo que conformaron el denominado Comité Multisectorial, compuesto por productores, exportadores, industriales, gremiales, transportistas y cívicos que se oponen a la medida.
Este bloque presentó proyectos de ley para que la disposición sea eliminada del PGE y anunciaron para este martes una marcha desde Patacamaya a La Paz, aunque otras medidas de presión anteriores no fueron efectivas.
En conferencia de prensa, el presidente del TCP, Gonzalo Hurtado, indicó que la medida impulsada por el Gobierno vulnera los principios y derechos de los bolivianos.
“Vivimos en un Estado de derecho, por lo que no puede pasar que se vulneren los principios que guían la convivencia y están escritos en la Constitución Política”, leyó Hurtado.
El TCP ahora deberá decidir si la disposición transgrede principios constitucionales y no puede utilizarse bajo los aspectos legales vigentes.
Sin embargo, el Gobierno insiste en que la medida es beneficiosa incluso para los sectores que se oponen a la norma, pues permitirá eliminar prácticas como el contrabando y la especulación que afectan a toda la población.
