La Gobernación de Santa Cruz responsabilizó este martes al Gobierno nacional de la crisis de desabastecimiento de combustibles que mantiene largas filas en surtidores y amenaza la producción agrícola, y exigió la «liberación plena» de la importación de diésel y gasolina para que instituciones y privados puedan abastecer al mercado sin restricciones burocráticas, aranceles o impuestos.
En un pronunciamiento oficial, la institución cruceña señaló que la competencia sobre hidrocarburos es «privativa del nivel central» según el artículo 298 de la Constitución, pero ante la «incapacidad» del Gobierno para garantizar el suministro, reconocida por Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) el lunes al admitir la falta de dólares para importar diésel, demandó flexibilizar las normas.
«Santa Cruz tiene la capacidad histórica de suplir sus demandas con cooperación e iniciativa privada. Pedimos libertad para actuar», sostuvo el texto.
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Santa Cruz
La postura responde a la advertencia de YPFB sobre la imposibilidad de cubrir la demanda de diésel, vital para el sector agropecuario que enfrenta la cosecha de verano.
La Gobernación argumentó que, así como el modelo cruceño superó otras crisis, podría resolver el desabastecimiento si se eliminan trabas.
«Los bolivianos no necesitamos depender únicamente del Estado. Con libertad, abasteceremos nuestras necesidades», señala el pronunciamiento.
El llamado incluye permitir que empresas, cooperativas y actores locales importen combustibles sin condiciones, una medida que, según la autoridad departamental, evitaría el colapso de cadenas productivas y el alza descontrolada de precios.
Sin embargo, el Ejecutivo no se ha pronunciado sobre la propuesta, aunque el lunes sugirió a los sectores productores importar combustibles a precio internacional, a través de YPFB, en moneda nacional.
Mientras tanto, Santa Cruz, responsable del 70% de los alimentos del país, enfrenta un riesgo inminente, pues sin diésel, no hay maquinaria para cosechar, transportar ni exportar, lo que generará pérdidas económicas y pone en riesgo la seguridad alimentaria.
La Gobernación insiste en que la solución está en la autonomía que, asegura, el “centralismo” les niega.
