El Comando Estratégico Operacional de Lucha Contra el Contrabando (CEO-LCC) afectó redes de comercio ilegal durante las fiestas de Carnaval con incautaciones valoradas en más de Bs 1,3 millones, según el viceministro del área, Luis Velásquez.
Los operativos, ejecutados en cinco departamentos, incluyeron el decomiso de harina, gasolina, ganado equino y ropa usada destinada a mercados ilegales.
En el sector de Chimeo (Tarija), la Fuerza de Tarea Conjunta Villamontes interceptó un camión F-12 que transportaba harina sin documentación hacia Santa Cruz.
La carga fue entregada a la Aduana Nacional para su aforo. Mientras tanto, en Curahuara de Carangas (Oruro), el Grupo de Reacción Inmediata «Comando» decomisó un camión Volvo F-12 con 350 fardos de ropa usada de contrabando. El conductor huyó, y la mercancía fue trasladada a la Aduana.
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Contrabando
En Tiquina (La Paz), la Fuerza de Tarea Conjunta Agropecuaria incautó 71 cabezas de ganado equino que carecían de documentación y presuntamente se dirigían a Perú. Los animales fueron entregados al Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria (Senasag).
En el mismo departamento, en el sector de Chaguaya, se intervino una vagoneta con 400 litros de gasolina, que fueron trasladados a la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).
Además, en la frontera con Chile, la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo incautó un camión furgón indocumentado con 200 fardos de ropa usada en el camino internacional Huachacalla (Oruro).
La carga fue derivada a la Aduana de Oruro. Asimismo, el 1 de marzo, en Curahuara de Carangas, fuerzas conjuntas incineraron otro camión F-12 con 350 fardos de ropa usada ilegal.
El viceministro Velásquez destacó que estos operativos desarticularon rutas críticas durante Carnaval, aunque reconoció que el contrabando sigue adaptándose para evitar el control en zonas fronterizas.
Las incautaciones reflejan el uso recurrente de vehículos sin documentación y mercancías prohibidas, como la ropa usada, cuya importación está vetada en Bolivia desde 2017.
Velásquez reiteró el compromiso del Gobierno para reforzar controles en pasos fronterizos no habilitados para proteger la economía formal y la salud pública.
