La diputada potosina Mónica Torres, disidente de Comunidad Ciudadana (CC), inició una huelga de hambre en la Cámara de Diputados para exigir el tratamiento de un proyecto de ley que regula la explotación del litio y los contratos con empresas extranjeras.
Tras su segundo día de protesta, denunció que la norma, presentada en 2023 y consensuada con organizaciones sociales de Potosí, lleva dos años «durmiendo» en la Comisión de Economía Plural de la Cámara Baja.
«El proyecto de ley de evaporíticos se ha presentado en 2023. Este proyecto fue consensuado por las organizaciones sociales de Potosí. El presidente (Luis Arce) ha pedido que se pongan de acuerdo los potosinos y orureños en una ley marco que regule el litio, y tenemos la ley, pero está durmiendo en la Comisión de Economía Plural», declaró Torres a Unitel.
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Litio
La diputada enfatizó que, sin una ley que regule la explotación del litio, no se pueden firmar contratos con empresas extranjeras, siendo éste el origen de los desacuerdos y rechazos.
«Si nosotros tenemos una ley que regule el litio en Potosí, en Bolivia, vamos a poder firmar cualquier contrato, pero mientras no exista una ley de evaporíticos, no se puede firmar contratos», afirmó.
Torres criticó la falta de avances en la Asamblea, especialmente ahora que el Gobierno ha firmado acuerdos con empresas como la rusa Uranium One Group y el consorcio chino Hong Kong CBC para la industrialización del litio en el salar de Uyuni. Además de anunciar que otros dos contratos están cerca de aprobarse en el salar de Coipasa, en Oruro.
Los dos primeros contratos, que implican inversiones superiores a los $us 2.000 millones, generan controversia en Potosí, donde sectores sociales y políticos exigen mayor transparencia y participación en la toma de decisiones.
Ante la presión social, la Cámara de Diputados decidió congelar el tratamiento de los contratos de litio hasta que concluya el proceso de socialización de la norma. Sin embargo, Torres insiste en que la ley debe ser priorizada para garantizar que los contratos se ajusten a un marco legal claro y consensuado.
