Luego de una jornada de paro y movilizaciones que se concentró, principalmente, en la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, los gremiales, productores, transportistas y exportadores advirtieron este lunes que no dialogarán con el Gobierno y radicalizarán sus medidas hasta que se derogue la ‘disposición confiscatoria’.
“No vamos a sentarnos en una mesa hasta que no esté derogada la disposición séptima, se deroga y al día siguiente estamos sentados viendo todas las exigencias de cada sector de la cadena productiva que hoy está más unida que nunca”, dijo Klaus Frerking, presidente en ejercicio de la Cámara Agropecuaria del Oriente (CAO).
Asimismo, aseguró que, desde diciembre, durante los gabinetes agropecuarios con el Gobierno, advirtieron que “estaba entrando de contrabando esa disposición”. “No vamos a sentarnos en una mesa hasta que se derogue, la resolución de los ampliados es clara, no hay diálogo”, remarcó.
En tanto, Édgar Álvarez, dirigente gremial de Santa Cruz, calificó de exitosa la movilización de este lunes; y anticipó que las medidas continuarán con paros escalonados desde el jueves en todo el país y se radicalizarán hasta que el Gobierno atienda su pedido.
Anunció que la siguiente semana se reunirán en un nuevo ampliado multisectorial, donde cada sector hará conocer su postura y se asumirán nuevas determinaciones.
“Después de un amplio debate de evaluación de toda la cadena productiva y alimenticia tras movilizarnos hemos determinado que seguiremos movilizados; empezamos movilizaciones escalonadas en todos los departamentos”, complementó.
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Disposición
El dirigente aseguró que se mantienen en emergencia y reuniones permanentes con una demanda única: la derogación de la disposición séptima.
“Todas las instituciones hemos salido a exigirle al Gobierno que debe derogar la disposición y lo sostenemos; el Gobierno no quiere escuchar al pueblo, no vamos a parar hasta que se derogue”, anunció.
Este lunes diversos sectores realizaron un paro y movilización contra la disposición séptima sobre confiscaciones y decomisos. Sin embargo, en La Paz no se sintió la medida; mientras que en Oruro, Tarija, Sucre y Cochabamba hubo algunas marchas.
La polémica norma autoriza a las autoridades competentes el decomiso y confiscación de productos y alimentos que se acopien con el objetivo de venderse a un precio más elevado en un futuro próximo.
El sector productor, empresarial, industrial y gremial considera que la norma atenta contra la propiedad privada; y se puede aplicar de manera arbitraria.
El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, dijo que el Órgano Ejecutivo no tiene potestad para derogar la norma pues es una ley e instó a los sectores a dialogar para explicarles que a ellos no les afectará.
La disposición observada establece: “Con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control; fiscalización, confiscación, y/o decomiso de productos, a los actores de comercialización de alimentos; que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de estos”.
