Este miércoles, un ampliado de múltiples sectores que rechazan la disposición del Presupuesto General del Estado (PGE) que autoriza decomiso de productos ratificó que el próximo lunes se realizará un paro a nivel nacional.
Conocido el hecho, el Gobierno ratificó a su vez que esta movilización es una “medida extrema” y que tiene claramente tintes políticos antes que económicos.
“Tres ministros han invocado a sentarse en mesas de trabajo para buscar soluciones, pero tomar medidas de pleno no condice con esa cultura de diálogo que tiene el pueblo boliviano y, por tanto, la consideramos una medida extrema”, señaló el ministro de Economía, Marcelo Montenegro.
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Paro
La movilización busca que se derogue la disposición adicional séptima del PGE, la cual permite a las autoridades competentes confiscar y decomisar los productos que se acumulen con el objetivo de venderse a un precio más elevado.
Los sectores denuncian que está norma viola el derecho a la propiedad privada y afectará la producción, ahuyentando las inversiones y afectando la economía.
El Gobierno, por su parte, insiste en que la medida es para frenar actividades ilícitas como el agio, la especulación y el contrabando.
“Ningún boliviano está en contra de que se controle a aquellos que especulan con los productos más importantes”, sostuvo Montenegro, recalcando que la medida es en beneficio de toda la población.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que no “sorprende” la medida de presión, pues varios de los sectores movilizados tienen intereses políticos.
“Es un comité multisectorial totalmente político, por cuanto está conformado por empresarios políticos que tienen una trayectoria política partidaria”, fustigó.
Este jueves y viernes, el Gobierno insistirá una vez más en las reuniones con el sector empresarial privado para elaborar la reglamentación de la disposición de manera clara sin tener que recurrir a algún paro o movilización.
