En el Día Internacional de los Trabajadores, la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación por la persistencia de vulneraciones a los derechos laborales y económicos en Bolivia.
El Reporte de Conflictividad del primer trimestre de 2026 reveló que las demandas vinculadas a derechos laborales y sociales constituyen uno de los factores predominantes de la conflictividad nacional.
La institución recordó que la Constitución Política del Estado garantiza el derecho al trabajo digno y libre de violencia, pero subrayó que, a más de 15 años de su vigencia, el país aún carece de una ley específica que sancione el acoso laboral. Esta ausencia normativa limita el acceso de las víctimas a mecanismos de protección y reparación, generando escenarios de indefensión que afectan la dignidad y la seguridad laboral.
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Aunque el Ministerio de Trabajo, Empleo y Previsión Social ha emitido disposiciones administrativas para atender denuncias, la Defensoría considera que estas medidas no consolidan un marco integral de protección. Por ello, exhortó a la Asamblea Legislativa Plurinacional y al Órgano Ejecutivo a impulsar y aprobar una norma específica contra el acoso laboral, en línea con principios constitucionales y estándares internacionales.
La Defensoría también instó a instituciones públicas y privadas a fortalecer políticas de prevención y sanción frente a toda forma de violencia, discriminación y acoso en el ámbito laboral, garantizando procedimientos accesibles y oportunos.
Finalmente, la institución defensorial reafirmó su compromiso de velar por la protección de los derechos de las y los trabajadores, promoviendo condiciones laborales dignas, seguras y libres de violencia, bajo la premisa de que una sociedad democrática y justa solo puede construirse sobre el respeto pleno de los derechos humanos.
