La cuenta regresiva para el cierre de los botaderos municipales de residuos sólidos en el país entró en su etapa final. El 18 de mayo vence el plazo establecido en la ley gubernamental 755. Sin embargo, a la fecha, solo el 5% de municipios cumplió la disposición.
La medida busca acabar con la disposición de residuos sólidos a cielo abierto que afecta al medio ambiente y a la salud pública. Exige la transición a rellenos sanitarios y plantas integrales de tratamiento.
El mandato está enmarcado en la Ley 755 de Gestión Integral de Residuos, promulgada el 28 de octubre de 2015, y la Resolución Ministerial 269, que aprueba la «Planificación Nacional para el Cierre Técnico de Botaderos en el Estado Plurinacional de Bolivia», aprobada el 18 de mayo de 2021 por el Ministerio de Medio Ambiente y Agua.
De acuerdo con el Inventario Nacional de Botaderos en Bolivia, de los 343 municipios del país, solo 43 cuentan con rellenos sanitarios y 301 tienen botaderos.
¿Cuál es la diferencia entre un botadero y un relleno sanitario?
El botadero es un lugar de disposición final de residuos que no cumple con normas técnicas, ni disposiciones ambientales vigentes, creando o pudiendo crear riesgos sanitarios o ambientales. Es decir, es un lugar donde se abandonan los residuos sin tratamiento alguno.
El relleno sanitario es una instalación que cumple con las condiciones técnicas, sanitarias y ambientales. Empleadas ellas para la disposición final de residuos donde se realiza el esparcimiento, acomodo y compactación sobre una base impermeable. Se realiza la cobertura con tierra u otro material inerte, el manejo y tratamiento de lixiviados y gases y, el control de vectores. Todo ello con el fin de evitar la contaminación del ambiente y proteger la salud de la población.
De acuerdo con el reporte del Viceministerio de Recursos Hídricos, Riego, Agua Potable y Saneamiento Básico, otorgado a La Razón, hasta lo que va de este mes, solo 15 municipios lograron el cierre técnico de sus botaderos y siete están en ese proceso y habilitación de rellenos sanitarios.
“Los municipios que actualmente se encuentran en proceso de cierre técnico y/o rehabilitación a relleno sanitario son los que presentan mayores probabilidades de cumplir con el plazo establecido”, señala la nota.
El informe del Viceministerio detalla que se evidenció que el 20,6% de los botaderos presentan riesgo bajo. Y, por su naturaleza de ubicación o espacio, podrían ser rehabilitados a relleno sanitario en el mismo sitio, siempre y cuando cumpla los criterios principalmente con los criterios legales y sociales.
En tanto, el 66,8% presenta riesgo moderado. Dependiendo su estado técnico ambiental, podrían rehabilitarse de botadero a relleno sanitario o bien optar por el cierre técnico definitivo.
Finalmente, el 12,6% presentan riesgo alto en términos de impacto ambiental y social, por lo que su cierre técnico debe ser definitivo.
“En las ciudades capitales, los casos más críticos se concentran en municipios de Beni, La Paz, Cochabamba, Chuquisaca y Oruro debido a su ubicación, disponibilidad de espacio y factores de índole social ambiental el cierre de sus instalaciones es imperativo”, señala el informe.
NOTIFICACIÓN
Según la dependencia, luego de la emisión de la Resolución Ministerial 269, en 2021, se notificó a los gobiernos municipales para que, en cinco años, prevean la planificación y destinen recursos económicos para el cierre de sus botaderos.
Pero ¿cuál es el motivo por el cual el 85% de los municipios incumplirá con el cierre de sus botaderos? El Viceministerio identifica cuatro factores:
El primero, limitaciones presupuestarias y la falta de asignación de recursos económicos de parte de los gobiernos municipales.
El segundo, la falta de lugares adecuados para implementar infraestructuras de disposición final y tratamiento de residuos.
El tercer factor, los problemas de legitimidad de terrenos a favor de gobiernos municipales para garantizar la seguridad jurídica para la implementación del proyecto. También para la tramitación de la licencia ambiental.
Y, finalmente, uno de los mayores problemas son los conflictos sociales, que dificultan la implementación de proyectos de rellenos sanitarios o complejos de tratamiento. “Se aplica el efecto Not In My Back Yard» (No en mi patio trasero) que genera una fuerte resistencia de las poblaciones para su consecución”.
Según el Viceministerio, será la Autoridad Ambiental Competente Departamental (AACD), en su calidad de ente fiscalizador, la instancia encargada de definir las acciones y medidas administrativas correspondientes contra los gobiernos municipales que incumplieron con el cierre de botaderos.
Sobre la consulta de una posible ampliación de plazo, la entidad la descartó de forma contundente. “Al tratarse de un mandato legal, su modificación o ampliación solo puede realizarse mediante una norma de igual jerarquía (ley). Por ello, no es viable su ampliación por vía administrativa”, respondieron al cuestionario enviado por La Razón.
