La Alcaldía de La Paz denunció un presunto favorecimiento judicial al empresario Luis Enrique Iturralde, dueño de Kantutani, y señalado como principal responsable del deslizamiento ocurrido el 20 de noviembre de 2024 en la zona de Bajo Llojeta.
La directora de Asuntos Jurídicos del municipio, Amparo Morales, afirmó en entrevista con La Razón Radio, que Iturralde, actualmente prófugo, recibió un trato judicial privilegiado, pese a que fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público un día después de la tragedia.
“Y esta denuncia hasta la fecha no ha sido admitida, no ha sido ni siquiera analizada, ha sido únicamente acumulada al cuaderno de investigación que la Fiscalía aperturó de oficio un caso el mismo día”, afirmó Morales.
El pasado 23 de noviembre, una torrencial lluvia causó un deslave en Bajo Llojeta que afectó a 40 viviendas, dejó 157 familias afectadas y causó la muerte de una niña que quedó atrapada en el lodo.
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Según la Alcaldía, informes técnicos identificaron que el derrumbe fue provocado por la falla estructural de una plataforma construida dentro del cementerio Los Andes, propiedad de Iturralde.
Pese a ello, la investigación judicial cambió de rumbo. “Ya no se está investigando qué es lo que ha provocado el movimiento, sino, están investigando que no se hubieran realizado acciones de prevención por parte del Gobierno Municipal de La Paz y que nosotros debíamos haber prevenido la mala construcción que ha realizado un medio privado particular”, denunció Morales.
La funcionaria aseguró que el Ministerio Público actuó con mayor celeridad contra otras autoridades, como el alcalde de Achocalla, quien fue aprehendido por haber otorgado autorizaciones a la empresa propietaria del cementerio. Sin embargo, ningún otro responsable técnico o funcionario de la empresa constructora ha sido imputado.
Morales calificó como desproporcionadas las medidas adoptadas contra funcionarios municipales y acusó al Ministerio Público de desviar el foco del caso.
Este martes, se conoció que el Ministerio Público imputó formalmente al alcalde de La Paz, Iván Arias por el caso Bajo Llojeta.
La Fiscalía amplió la denuncia inicial por estragos a cargos de incumplimiento de deberes y lesiones leves, y solicitó detención preventiva para la autoridad edil.
