El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, propuso a su homólogo de Venezuela, Nicolás Maduro, intercambiar a 252 venezolanos deportados desde Estados Unidos y encarcelados en su país por la misma cantidad de «presos políticos» que mantiene el gobierno venezolano.
El gobierno de Bukele es un aliado clave del presidente estadounidense Donald Trump en su política antiinmigrantes, y recibió en poco más de un mes a 288 deportados, 252 de ellos venezolanos, que están presos en una megacárcel salvadoreña de máxima seguridad.
«Quiero proponerle un acuerdo humanitario que contemple la repatriación del 100 % de los 252 venezolanos que fueron deportados, a cambio de la liberación y entrega de un número idéntico (252) de los miles de presos políticos que usted mantiene», escribió Bukele en un mensaje dirigido a Maduro en la red social X.
El mandatario salvadoreño aseguró que todos los venezolanos que están en El Salvador «bajo custodia fueron detenidos en el marco de una operación contra pandillas como el Tren de Aragua en Estados Unidos».
«A diferencia de nuestros detenidos, muchos de los cuales han asesinado, otros han cometido violaciones, y algunos incluso habían sido arrestados en múltiples ocasiones antes de ser deportados, sus presos políticos no han cometido ningún delito», prosiguió.
«La única razón por la que están encarcelados es por haberse opuesto a usted y a sus fraudes electorales», le dijo a Maduro, y anticipó que la cancillería salvadoreña enviará la propuesta formal a Venezuela.
Bukele citó que en el canje deben estar incluidos Rafael Tudares, yerno de Edmundo González; el periodista Roland Carreño; la abogada y activista Rocío San Miguel; y Corina Parisca de Machado, madre de la líder opositora María Corina Machado, «a quien amedrentan a diario y le sabotean el acceso a servicios básicos».
Mencionó también a «los cuatro dirigentes políticos asilados en la embajada de Argentina, entre otros venezolanos presos políticos», y a casi 50 ciudadanos detenidos de otras nacionalidades.
Conflicto por deportaciones
Hace un mes, Trump invocó la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para arrestar y deportar a El Salvador a venezolanos y salvadoreños que acusó, sin presentar pruebas, de ser miembros de la banda criminal venezolana Tren de Aragua y la salvadoreña Mara Salvatrucha.
En medio de un impresionante despliegue de seguridad, fueron recluidos en el Centro de Confinamiento del Terrorismo (Cecot), cárcel de máxima seguridad construida por Bukele para pandilleros, considerada la más grande de Latinoamérica, con una capacidad para 40.000 reos.
El sábado, la Corte Suprema de Estados Unidos suspendió la deportación de migrantes venezolanos desde Texas a El Salvador.
La semana pasada, el mismo tribunal ordenó al gobierno estadounidense «facilitar» el regreso del migrante salvadoreño Kilmar Ábrego, expulsado en marzo bajo la misma ley.
El gobierno estadounidense, que lo acusa de ser miembro de la Mara Salvatrucha, reconoció que fue deportado por un «error administrativo» pues tenía una protección legal desde 2019.
Sin embargo, la administración de Trump se niega a gestionar su regreso alegando que ya está bajo su jurisdicción.
Bukele, el más fiel aliado de Trump en América Latina, aseguró en la Casa Blanca que era «absurdo» devolver a un «terrorista» a Estados Unidos.
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