En sus Veinte mil leguas de un viaje submarino (1870), Julio Verne soñó el viaje de la nave Nautilos al fondo del mar, fondo que creía plagado de riquezas inimaginables que lo convertían en el “banquero de la humanidad” y bestiario de una fauna y flora cuasi mitológica. “En las profundidades del océano”, profetizó el capitán Nemo, “hay minas de zinc, hierro, plata y oro que serían muy fáciles de explotar”. Sueño que 155 años después se ha convertido en realidad y cuyas oportunidades para la humanidad —y en particular para los países sin acceso al mar— son inconmensurables y plenamente realizables.
A pesar que el fondo marino ha sido mapeado apenas en un 20% —comparado con el 100% de la Luna y Marte—, su topografía está plagada de montes, cañones, volcanes, colinas y planicies que albergan reservas de minerales claves (cobre, cobalto, níquel, zinc, plata, oro y valiosas tierras raras) que superan las reservas terrestres conocidas y albergan ecosistemas marinos únicos y desconocidos. Estos minerales —esenciales para la ensoñada transición energética— se encuentran contenidos en nódulos polimetálicos (piedras del tamaño de un papa regadas en el suelo marino), sulfuros polimetálicos (depósitos formados alrededor de fuentes hidrotermales) y en costras ricas en metales (situadas al pie de los montes submarinos). No obstante, el desafío más importante para explotar estos recursos es la altísima tecnología requerida, es decir, vehículos submarinos autónomos, sus respectivas flotas recolectoras y plantas procesadoras.
Nuestro estudio ha determinado que una empresa de minería submarina puesta en marcha podría costar entre de $us 11.000 a $us 17.000 millones.
Debido a que la mayoría de estos yacimientos no se encuentra en los territorios marinos de propiedad exclusiva de los Estados, sino en las profundidades abisales de aguas internacionales, según la Convención de Naciones Unidas del Derecho del Mar, estos depósitos son considerados “Patrimonio Común de las Humanidad”, por lo que, ningún Estado “podrá reivindicar o ejercer soberanía o derechos soberanos sobre parte alguna de la Zona o sus recursos”, y, por lo tanto, su “exploración y explotación se realizarán en beneficio de toda la humanidad”, con especial consideración de los Estados sin acceso al mar. Al presente, el área más prometedora es la zona Clarion-Clipperton, en el océano Pacífico. Región de más de un millón de kilómetros cuadrados en los que la Autoridad de Fondos Marinos —organización internacional responsable de establecer una política global para el aprovechamiento conjunto de estas zonas— ha emitido contratos de exploración, reservado zonas especiales para Estados en desarrollo y, hoy en día, discutiendo el inicio de la etapa de explotación, con la participación de micro Estados como Nauru, Kiribati, Tonga e Islas Cook.
No obstante, a pesar de esta gran promesa para la humanidad, la minería de fondos marinos nos plantea grandes desafíos. ¿Cómo podrá lograrse una explotación coordinada y sustentable que no destruya los ecosistemas de fondos marinos recién descubiertos cuya riqueza genética es inconmensurable para la humanidad? ¿Cómo podrá establecerse un mecanismo de distribución equitativa de estas riquezas que beneficie a todos los pueblos del mundo? Y en lo particular para Bolivia, ¿es posible que Estados en desarrollo puedan participar de los beneficios de esta minería? ¿Cuáles son sus posibilidad y límites legales, tecnológicas y financieras? En nuestra siguiente columna abordaremos esta agenda de futuro.
*Es docente de la UMSA y experto en solución internacional de controversias.
