La fiscalía de Brasil imputó a un ministro del presidente Luiz Inácio Lula da Silva por corrupción cuando era diputado, según confirmó una fuente de la corte suprema a la AFP.
La acusación presentada la semana pasada contra el ministro de Comunicaciones, Juscelino Filho, es la primera de este tipo sobre un miembro del gabinete desde que Lula asumió el poder en enero de 2023.
Según la prensa brasileña, la fiscalía procesó a Filho ante la corte por el presunto cobro de sobornos a cambio de fondos para obras públicas, cuando era diputado por su partido de centro-derecha Unión Brasil en 2022.
Como legislador, Filho habría girado recursos a una ciudad del estado nordestino de Maranhao, entonces gobernada por su hermana, y habría recibido coimas por las obras ejecutadas con esos fondos.
La defensa del ministro dijo este martes en un comunicado que «hasta el momento no fue notificada» sobre la denuncia, aunque «el ministro reafirma su total inocencia» y «rechazará la acusación por su manifiesta falta de pruebas».
En junio de 2024, cuando la Policía Federal recomendó acusar a Filho tras investigarlo por corrupción, Lula dijo que lo apartaría de su cargo en caso de que la fiscalía lo inculpara.
El presidente de izquierda dijo haber advertido a Filho que debería «cambiar de posición» acerca de no renunciar si el fiscal avanzaba con el proceso.
«(Filho) va a ser apartado (si lo procesan), él lo sabe», aseguró entonces Lula.
Las acusaciones de corrupción son un tema sensible para el gobierno brasileño, rechazado por una parte de la sociedad que califica a Lula como un ‘ladrón’.
Esta semana se cumplieron siete años desde que el líder del Partido de los Trabajadores fue encarcelado en 2018 tras una condena por corrupción pasiva y lavado de dinero.
Luego de 580 días preso, Lula salió en libertad. Más tarde la corte suprema anuló los procesos judiciales en su contra, bajo el argumento de que el juez a cargo, Sérgio Moro, había sido parcial.
Tras haber condenado a Lula y haberlo dejado fuera de las elecciones de 2018, Moro asumió como ministro de Justicia del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro (2019-2022).
La anulación de los procesos le permitió a Lula presentarse a los comicios de 2022 y volver al poder.
Pero la imagen de corrupto sigue pesando sobre él para un sector significativo del electorado brasileño.
El caso Filho también pone a prueba la coalición que sustenta al gobierno de Lula, integrada por ministros de varios partidos que responden a distintas lealtades políticas.
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