El procurador general del Estado, Ricardo Condori, aclaró este jueves que los abogados de esta institución no abandonaron la audiencia del caso denominado Golpe de Estado I y, por el contrario, reafirmó su compromiso de continuar con el proceso hasta que se dicte sentencia.
“Totalmente desatinada la declaración que ha emitido el abogado del señor (Fernando) Camacho. Nosotros, como Procuraduría, sí estábamos presentes en la audiencia. Como este es un caso de relevancia hemos reforzado con abogados, ellos han estado presentes en la audiencia; pero lo que pasa es que, de manera incorrecta, el Tribunal ha solicitado un poder de representación, en base a argumentos erróneos”, explicó el Procurador.
Martín Camacho, defensa del gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, señaló que la justicia determinó que la Procuraduría abandone su rol de acusador al no tener personal acreditado en la audiencia que se instaló este jueves en La Paz.
“Ante la no presencia de ningún funcionario acreditado para esta audiencia, el Tribunal decidió que la Procuraduría abandonaba su posición de acusador y se le ha permitido que participe en un rol que no es activo, como víctima dentro del proceso. Por lo tanto, han sido excluidos”, aseguró el abogado a Unitel.
Condori remarcó que “la Procuraduría General del Estado, a través de sus abogados, no necesita un poder especial”. “Se ha hecho recuerdo de esta disposición mediante un memorial presentado al Tribunal, donde se recuerda que, de acuerdo con el Instructivo SP-TDJ-LP N° 003/2024 del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz dispone que la participación de la Procuraduría General del Estado es efectiva por los funcionarios que la representan, sin necesidad de la presentación de un Poder Especial o Específico para tal efecto”.
Asimismo, Condori dio a conocer que —según lo establecido en la Ley de Descongestionamiento y Efectivización del Sistema Procesal Penal— “la Procuraduría General del Estado podrá participar e intervenir en aquellas causas penales por delitos que afecten a los intereses del Estado, sin necesidad de constituirse en parte querellante, pudiendo plantear y/o solicitar cuanta diligencia y/o recurso franquee la Ley”.
Informó que, al momento, el proceso penal continúa avanzando y que hoy culminó otra subetapa de la presentación de pruebas testificales.
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“En ese entendido, la próxima semana sigue avanzando el proceso, se nos ha vuelto a convocar para el día 31 de marzo; esta vez para que Camacho y (el excívico potosino Marco Antonio) Pumari puedan presentar sus descargos a través de testigos que ellos presenten”, dijo el Procurador.
El caso Golpe de Estado I investiga los hechos precedentes a la dimisión de Evo Morales a la presidencia, en medio de una fuerte convulsión social y política.
Camacho y Pumari, en Santa Cruz y Potosí, respectivamente, lideraron las protestas por un supuesto “fraude electoral”. La movilización, replicada en varias regiones, cobró fuerza con un motín policial y la sugerencia militar para que Morales deje el cargo.
Morales renunció el 10 de noviembre de 2019. Dos días después, la entonces senadora Jeanine Áñez asumió, primero, la titularidad del Senado y, luego, la presidencia del país, en sendos actos en la Asamblea Legislativa; sin el quorum reglamentario ni la presencia de los legisladores del MAS, que entonces tenía la mayoría en la Asamblea Legislativa.
Actualmente, Camacho y Pumari cumplen con detención preventiva por ese caso. El cruceño, en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, en Viacha, y el potosino, en el penal de Santo Domingo de Cantumarca, en Potosí.
