El Gobierno acatará la decisión del Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) de suspender la aplicación de la disposición séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025, calificada por varios sectores como una norma “confiscatoria”.
El viceministro de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, dijo que aún no han sido notificados; pero dijo que el Gobierno es respetuoso de las normas y la Constitución Política del Estado.
“No hemos sido notificados oficialmente, pero como Gobierno que respeta la Constitución y las resoluciones de los demás Órganos del Estado, por supuesto que tendremos que acatar. Todavía no sabemos qué es lo que ha resuelto; entiendo que debe ser respecto a la admisión del amparo o el recurso que han presentado las personas que están interesadas sobre este tema”, explicó a los medios de comunicación.
La disposición establece que “con la finalidad de garantizar la disponibilidad y abastecimiento de alimentos esenciales, se faculta a las entidades competentes, activar acciones de control, fiscalización, confiscación y/o decomiso de productos; a los actores de comercialización de alimentos, que almacenen o retengan y/o pretendan encarecer los precios de los mismos».
Varios sectores rechazan la norma, conformaron el Comité Multisectorial para rechazar la medida y este lunes anunciaron una marcha a La Paz el 24 de marzo. Inicialmente la caminata debía realizarse esta semana desde Patacamaya; sin embargo, decidieron postergarla y que sea desde la Apacheta.
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Disposición
El comité, compuesto por productores, exportadores, industriales, gremiales, transportistas y cívicos, reclamó la falta de seguridad jurídica y violación a la propiedad privada.
Silva calificó de política la movilización y señaló que sus impulsores “se han acobardado de marchar de Patacamaya a La Paz”; porque “les ha asustado la distancia, el frío y las consecuencias que podría tener una marcha de estas características; especialmente para los gorditos que no están acostumbrados a caminar, a marchar, y lógicamente esto ha provocado que retrocedan”.
Asimismo, dijo que no existe razón para esa movilización a la que calificó de “política”; por lo que considera que “por más que se deje sin efecto la disposición séptima de la Ley Financial “ellos van a seguir insistiendo en realizar actividades estrictamente políticas”.
Argumentó que a su exigencia sumaron otras demandas, como su rechazo a los contratos por el litio, el abastecimiento de diésel, dotación de dólares y los precios de la canasta familiar.
“No va a lograr absolutamente nada; sino que empeora el contexto nacional”, complementó.
Este lunes, el TCP suspendió provisionalmente la aplicación de la polémica disposición adicional séptima de la Ley del Presupuesto General del Estado (PGE) 2025; al admitir una acción de inconstitucionalidad presentada por el diputado Miguel Roca, de Comunidad Ciudadana (CC).
