La alianza público-privada es una manera de coadyuvar esfuerzos entre el Estado y los agentes privados para la realización de emprendimientos que cada uno por sí no puede realizarlos solo, a veces, con la determinación de políticas públicas —campañas contra la aftosa para la ganadería o mercados sin impuestos para la agroindustria— o la concurrencia de capitales en un emprendimiento. Es de esperar que de este esfuerzo salgan beneficiados ambos socios. Planteado así no hay problema, es una necesidad para movilizar potencialidades dormidas; sin embargo, la realidad nos muestra que el principio de beneficio mutuo desaparece con viejas prácticas de acumulación de capital.
El apoyo a una certificación de calidad o la apertura del mercado boliviano a la libre importación de los países andinos buscan captar divisas y beneficios para las necesidades nacionales, pero si las divisas son desviadas a paraísos fiscales, se rompe el beneficio mutuo y la economía nacional se desequilibra.
El neoliberalismo impuso los joint ventures para movilizar los recursos mineros con la inyección de capital y tecnología, así los contratos partían del principio de 50/50. En la práctica, lo primero que hacía el socio era recuperar su capital, en desmedro de las utilidades; si retira su aporte, simplemente no hay sociedad, la empresa sigue funcionando con los réditos del recurso minero. Por otro lado, la pérdida de la dirección y control del proceso productivo da como resultado gastos inflados de los costos, bajando el rendimiento en contra del Estado; la soberanía no puede reducirse a una auditoría. El rezago tecnológico del país pretende ser superado por esta vía, en efecto, el conocimiento y el manejo de nuevas tecnologías ayudarán al sector y en general redundarán en los procesos productivos nacionales, siempre y cuando ésta sea abierta y de libre utilización; si es cerrada, el resultado derivará en una mayor frustración.
Los resultados de ese periodo fueron funestos para el país, a tal grado que el pueblo boliviano estableció -vía nueva constitución- un modelo económico en el que el Estado es el director de la economía y las empresas estatales son el puntal del desarrollo estratégico. Sin embargo, esta lección histórica no tuvo su correlato en la práctica: la receta no es mala, sino los actores son inconsecuentes con lo pregonado; esta tendencia hoy se explaya al proponernos los contratos del litio.
Así de pronto se convierte a Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB), que, como empresa estratégica, es responsable de la exploración, producción e industrialización del litio, en promotora de contratos al margen de su actividad productiva. Así medrará de un contrato de servicio de operaciones por 20 años después de haber pagado el 90% de la inversión inicial: bajo la figura de comprador preferente, estamos obligados a vender a nuestro socio el carbonato de litio por este período, postergando la posibilidad de industrializarlo.
Hasta el 2019 YLB avanzó con un derrotero claro, a pesar de las dificultades y errores; con el golpe aciago se lo paralizó, descuidando el mantenimiento de las piscinas construidas y pretendiendo anular el contrato para la planta de carbonato de litio; si bien este gobierno recibió la planta con la certificación de funcionamiento pleno, nunca se preocupó de la reconstrucción de las piscinas y hoy existen dos plantas, de cloruro de potasio y carbonato de litio, con un costo de $US 303 millones y una capacidad productiva de 15.000 TM de carbonato de litio y 350.000 TM de cloruro de potasio paralizadas, lo propio ocurre con la planta piloto de fabricación de baterías en La Palca, Potosí. Nos piden alternativas, ahí está: es un proyecto que ha superado las trancas de la burocracia de UDAPE, CONAPES y del mismo gabinete (2011), cuyos miembros nos sentimos obligados a rendir cuentas de nuestras acciones.
José Pimentel Castillo fue dirigente sindical minero.
