El ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, informó este viernes que la Justicia dictó sentencia de cinco años y cuatro meses de prisión contra los exministros Arturo Murillo, Luis Fernando López y Roxana Lizárraga en el juicio oral por el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador.
“Se informa a la población boliviana que (los exministros) fueron sentenciados por los delitos de incumplimiento de deberes, daños y perjuicios y otros en el caso ‘Gases’”, informó Del Castillo en sus redes sociales.
Además de las tres exautoridades, la Justicia dictaminó una pena de 3 años y cuatros meses contra Héctor Pérez Ortiz, exfuncionario de la administración de Jeanine Áñez.
El procurador general del Estado, Ricardo Condori, indicó ese viernes que Murillo, López y Pérez deberán cumplir su pena en la cárcel de San Pedro, en tanto, Lizárraga deberá cumplir su sentencia en el centro de Orientación Femenina de Obrajes. Todos deberán pagar costas, daños y perjuicios en favor del Estado.
Condori resaltó que “esta sentencia representa un hito sin precedentes en la lucha contra la impunidad, consolidando el compromiso del Estado boliviano en la defensa de la legalidad, la soberanía y el patrimonio nacional”.
En mayo de 2024, el Tribunal Segundo de Sentencia de La Paz declaró en rebeldía a Murillo, López, Lizárraga y otros dos acusados. Sin embargo, el proceso continuó debido a que la Justicia determinó que se les asigne abogados de oficio para asistir a las audiencias.
Entonces, la Fiscalía Departamental de La Paz pidió la pena máxima de 30 años de cárcel para las tres exautoridades y otras siete personas por los delitos de tráfico ilícito de armas e incumplimiento de deberes.
Según los antecedentes de la investigación, el caso Gases Lacrimógenos de Ecuador se refiere al 15 de noviembre de 2019, periodo en el que se llevó adelante una reunión entre los exministros de Gobierno, de Defensa y de Comunicación con el excomandante en jefe de las Fuerzas Armadas, el excomandante General de la Policía Boliviana y otras autoridades que determinaron solicitar los préstamos de materiales antidisturbios para enfrentar la crisis social en el país.
Inmediatamente, partió de Bolivia un avión a Ecuador para recoger los agentes químicos solicitados en calidad de préstamo.
Lea más: Caso Gases Lacrimógenos: Justicia sentencia a ocho años de prisión a exministros Murillo y López
Tres días más tarde, el 19 de noviembre de 2019, las Fuerzas Armadas y la Policía reprimieron una manifestación. Ese hecho desencadenó en la masacre de Senkata, en la ciudad de El Alto. El saldo fue de 10 civiles muertos y al menos 78 heridos.
De acuerdo con las declaraciones testificales, la solicitud la hicieron los exministros de Defensa y de Gobierno a iniciativa de la exministra de Comunicación, quien habría coordinado el préstamo de agentes antidisturbios con la República del Ecuador.
El fiscal Bladimir Bolívar informó, entonces, que durante la investigación se colectaron pruebas como el acta de préstamo de los agentes químicos de Ecuador, los planes de vuelo, de aterrizaje y despegue del avión Hércules C-130, donde viajaron a Ecuador policías y militares de Bolivia.
Además, dijo que está la solicitud de devolución de los agentes químicos de la República del Ecuador, lo que hace presumir la participación de los acusados en la internación ilícita de agentes químicos al país (granadas, gases y proyectiles de largo y corto alcance), como préstamo de la República del Ecuador, durante la crisis social de 2019.
“Los exministros de Gobierno y (de) Defensa coordinaron con los comandantes del Ejército y de la Policía para designar personal de ambas instituciones, que habrían sido trasladados desde Palacio de Gobierno en helicóptero hasta el Hangar de los Diablos Negros de la ciudad de El Alto, para viajar a la República de Ecuador, recoger los agentes químicos y traerlos a Bolivia, para luego repartirlos entre militares y policías”, señala una nota de prensa de la Fiscalía General del Estado.
