Un abogado denunció que el dirigente evista Ponciano Santos presuntamente coordinaba acciones de protesta y movilizaciones desde el interior del penal de San Pedro, situación que habría motivado la sanción disciplinaria impuesta por Régimen Penitenciario y ratificada posteriormente por la Justicia.
Según la denuncia, Santos mantenía comunicación con dirigentes y organizaciones sociales para organizar medidas de presión en La Paz y El Alto, pese a encontrarse recluido preventivamente.
Ponciano Santos
El jurista sostuvo que existen elementos que demostrarían una presunta coordinación de protestas desde el recinto penitenciario.
La acusación surge en medio de la reciente decisión judicial que confirmó la sanción disciplinaria contra el dirigente campesino, investigado por presunta tenencia de un teléfono celular dentro del penal de San Pedro. La resolución mantiene a Santos bajo un régimen de máxima seguridad, aunque redujo el tiempo de permanencia en esas condiciones de 45 a 32 días.
Durante la audiencia de apelación, Santos rechazó las acusaciones y denunció ser víctima de una persecución política. “Estoy viviendo una persecución política desde que me han detenido, con falsas acusaciones y falsas interpretaciones”, afirmó. También negó haber tenido un celular en su poder y sostuvo que comparte la celda con otros internos.
Denuncia
De acuerdo con los antecedentes expuestos por Régimen Penitenciario, además de la presunta posesión de un dispositivo móvil, se mencionaron supuestas coordinaciones de movilizaciones desde el interior del penal, extremo que el dirigente rechazó durante su defensa.
Pese a los argumentos de la defensa, el juez determinó mantener la responsabilidad disciplinaria establecida en primera instancia y ratificó las medidas de seguridad impuestas por las autoridades penitenciarias.
Sanción
Santos permanece recluido en la cárcel de San Pedro desde mayo de 2025, cuando la Justicia ordenó su detención preventiva dentro de investigaciones por presuntos delitos de terrorismo, asociación delictuosa e instigación pública a delinquir, además de otros procesos abiertos en su contra.
La denuncia sobre una eventual coordinación de movilizaciones desde la cárcel se produce mientras continúan las investigaciones y el dirigente permanece bajo medidas de máxima seguridad dentro del penal paceño.
