El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, señaló que el incumplimiento de una resolución constitucional que ordena el levantamiento de bloqueos puede derivar en procesos penales.
Mariaca explicó que la ejecución de los desbloqueos corresponde a la Policía Boliviana, mientras que el Ministerio Público interviene solo cuando existe requerimiento formal de las instancias competentes.
“Nosotros somos respetuosos de las acciones constitucionales. Existen los pasos establecidos en el Código Procesal Constitucional”, dijo.
Añadió que, si una sala constitucional dispone el cese de bloqueos, el accionante debe presentar una queja por falta de cumplimiento.
El fiscal general detalló que, tras esa queja, la sala puede remitir antecedentes al Ministerio Público. “La sala constitucional puede remitir al Ministerio Público para que se inicie un proceso… por desobediencia a resoluciones”.
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También precisó que la intervención fiscal ocurre únicamente cuando el caso llega por las vías legales correspondientes.
La semana pasada, un fallo emitido por la Sala Constitucional Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz ordenó el levantamiento inmediato de los bloqueos en carreteras y vías estratégicas del país, al considerar que vulneran derechos fundamentales de la población.
Además, instruyó al Gobierno ejecutar medidas urgentes para garantizar el abastecimiento, la atención médica y la libre circulación.
