Legisladores de oposición presentaron un proyecto de ley que busca establecer responsabilidades civiles y económicas para personas y organizaciones que impulsen bloqueos y protestas que generen perjuicios al Estado, empresas y ciudadanos.
La propuesta plantea que los promotores de estas medidas de presión deban responder económicamente por los daños ocasionados a la actividad productiva, el transporte, el comercio y el abastecimiento, además de eventuales afectaciones a bienes públicos y privados.
Proyecto de ley
Los impulsores de la iniciativa señalaron que el objetivo es evitar que los bloqueos continúen generando pérdidas millonarias y afectando derechos fundamentales de la población, como la libre circulación y el acceso a alimentos, combustibles y servicios básicos.
“El derecho a la protesta no puede estar por encima del derecho al trabajo, a la salud y a la alimentación de millones de bolivianos”, sostuvo uno de los legisladores que promueve la norma.
Bloqueos
Al respecto, el diputado Manolo Rojas, presidente de la Comisión de Constitución de la Cámara de Diputados, explicó a Fides que el contenido de la norma será revisado en sesión de esa instancia el próximo jueves.
El proyecto surge en medio de los conflictos sociales y bloqueos registrados en distintas regiones del país durante las últimas semanas, los cuales provocaron problemas de abastecimiento y fuertes pérdidas económicas en sectores productivos y empresariales.
Según los proponentes, la norma busca incorporar mecanismos para identificar a dirigentes, organizaciones o actores que convoquen medidas de presión que deriven en daños económicos cuantificables. Asimismo, contempla procesos de reparación civil por afectaciones a terceros.
Daños
El planteamiento generó reacciones divididas en el ámbito político y sindical. Mientras sectores empresariales y cívicos respaldaron la propuesta, organizaciones sociales advirtieron que podría utilizarse para restringir el derecho constitucional a la protesta.
En medio del debate, legisladores oficialistas señalaron que el análisis deberá considerar el equilibrio entre el respeto a la protesta social y la protección de los derechos económicos y ciudadanos afectados por las movilizaciones.
