El debate sobre un posible estado de excepción o estado de sitio volvió a instalarse en el país tras los persistentes bloqueos, protestas y pedidos de mayor control estatal frente a la actual crisis política y social.
Desde el retorno a la democracia, en 1982, distintos gobiernos recurrieron a medidas extraordinarias para enfrentar conflictos sindicales, protestas sociales y episodios de violencia.
Pero antes de ello, se debe definir conceptualmente, qué es un estado de excepción. Es una medida constitucional extrema y temporal que un gobierno aplica ante situaciones de extrema gravedad como peligro a la seguridad del Estado, conmoción interna (conflictos graves) o desastres naturales.
Dicha determinación permite la restricción temporal de ciertos derechos, como la libre circulación o reunión, para restablecer el orden.
Uno de los primeros estados de sitio de la etapa democrática ocurrió en septiembre de 1985, durante el gobierno de Víctor Paz Estenssoro, poco después de la promulgación del Decreto Supremo 21060.
El entonces presidente buscó contener las movilizaciones de la Central Obrera Boliviana (COB) y de sectores mineros que rechazaban las reformas económicas aplicadas para frenar la hiperinflación. Durante esa crisis, el dirigente sindical Juan Lechín Oquendo fue detenido y trasladado al Beni.
Un año después, en noviembre de 1986, Paz Estenssoro volvió a declarar estado de sitio para frenar la denominada “Marcha por la Vida”, protagonizada por miles de trabajadores mineros que avanzaban hacia La Paz en rechazo al cierre de centros mineros y a los despidos provocados por la relocalización.
El Gobierno militarizó varias regiones y detuvo a dirigentes sindicales para impedir el avance de la protesta.
Durante el gobierno de Jaime Paz Zamora, entre 1989 y 1993, Bolivia enfrentó conflictos vinculados a protestas sindicales y movilizaciones cocaleras en el Chapare. Aunque no se declaró un estado de sitio nacional prolongado, el Ejecutivo aplicó operativos especiales y fuertes despliegues militares y policiales en zonas de conflicto, principalmente en regiones productoras de coca.
En junio de 1990, el Gobierno ejecutó medidas de seguridad frente a bloqueos y protestas impulsadas por la COB y otros sectores laborales. Los operativos derivaron en enfrentamientos, arrestos de dirigentes y denuncias por vulneración de derechos civiles.
Durante la década de 1990, el gobierno de Gonzalo Sánchez de Lozada también recurrió a mecanismos de excepción focalizados para contener conflictos cocaleros y protestas sociales en Cochabamba y el Chapare. Las Fuerzas Armadas y la Policía participaron en operativos de control de bloqueos y erradicación de cultivos de coca.
Uno de los estados de sitio más recordados ocurrió en abril de 2000, durante el gobierno de Hugo Banzer, en plena “Guerra del Agua” en Cochabamba. Con ello, el Gobierno intentó contener las protestas contra la privatización del servicio de agua potable y la concesión otorgada a la empresa Aguas del Tunari.
El conflicto dejó muertos, heridos y centenares de detenidos, además de una fuerte crisis política.
Tres años después, en febrero y octubre de 2003, Gonzalo Sánchez de Lozada enfrentó protestas masivas por medidas económicas y por el proyecto de exportación de gas natural hacia Estados Unidos y México por puertos chilenos. Aunque no consolidó formalmente un estado de sitio nacional prolongado, el Gobierno desplegó militares y aplicó medidas excepcionales que derivaron en decenas de muertos durante la denominada “Guerra del Gas”.
La crisis terminó con la renuncia y salida del mandatario hacia Estados Unidos.
Durante el gobierno de Evo Morales, Bolivia no vivió un estado de sitio nacional, aunque sí existieron medidas excepcionales en momentos de alta conflictividad. En septiembre de 2008, el Ejecutivo declaró estado de sitio en el departamento de Pando tras la “Masacre de Porvenir”, que dejó al menos 13 fallecidos en medio de enfrentamientos políticos y sociales.
En gobierno de entonces ejecutó un operativo con control militar, detenciones y restricciones temporales en la región.
Años después, en 2011, el conflicto por la carretera en el TIPNIS derivó en una fuerte intervención policial contra una marcha indígena en Chaparina. Aunque el Gobierno no declaró estado de sitio, el operativo provocó denuncias de represión y una crisis política interna.
Durante la crisis política de 2019, la entonces presidenta Jeanine Áñez evitó declarar oficialmente un estado de sitio. Sin embargo, distintos sectores denunciaron que los operativos militares y policiales posteriores a las protestas poselectorales funcionaron bajo una lógica de excepción. Los enfrentamientos en Sacaba y Senkata dejaron más de una veintena de fallecidos.
Seis años después, el país atraviesa por un escenario conflictivo. Los movilizados piden la renuncia del presidente Rodrigo Paz. Por esa razón, muchos actores pidieron dictar estado de excepción.
La Constitución vigente establece que el estado de excepción puede aplicarse en casos de amenaza a la seguridad del Estado, conmoción interna, desastre natural o peligro externo. La decisión requiere control y supervisión de la Asamblea Legislativa. Aunque, actualmente, la fiscalización a la decisión se está tratando en las cámaras legislativas.
En la actual coyuntura, autoridades y líderes políticos comenzaron nuevamente a mencionar esa posibilidad frente al avance de bloqueos y movilizaciones.
El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, afirmó este lunes que el estado de sitio “debió aplicarse” durante las primeras semanas del conflicto, mientras otros sectores advierten que una medida de ese tipo podría profundizar la confrontación social.
