El Órgano Judicial analiza e implementa medidas de protección y resguardo para funcionarios judiciales de La Paz y El Alto, en medio de la creciente conflictividad social y los bloqueos que afectan al occidente del país.
Las acciones de seguridad fueron evaluadas tras las amenazas y riesgos derivados de las movilizaciones, además del impacto generado por el asesinato del decano del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, ocurrido semanas atrás en Santa Cruz.
Justicia
Entre las medidas consideradas figuran refuerzos de seguridad institucional, coordinación con la Policía Boliviana y la aplicación de protocolos especiales para proteger a magistrados, jueces y personal administrativo del sistema judicial.
Las máximas autoridades judiciales ya habían solicitado al Gobierno central la implementación de un sistema integral de protección para magistrados y consejeros, incluyendo escoltas, vehículos de seguridad y mecanismos de reacción inmediata ante amenazas.
En paralelo, el Tribunal Departamental de Justicia (TDJ) de La Paz adoptó medidas excepcionales para garantizar la continuidad de los servicios judiciales durante los conflictos sociales y bloqueos registrados en el departamento.
Seguridad
La presidenta del TDJ paceño, Margot Pérez, instruyó en días pasados que varias actividades jurisdiccionales y administrativas se desarrollen bajo modalidad virtual y teletrabajo para resguardar la seguridad de funcionarios, litigantes y usuarios.
Las disposiciones incluyen la realización de audiencias mediante plataformas virtuales y atención presencial rotativa en oficinas esenciales como Derechos Reales, REJAP y plataformas judiciales.
Funcionarios
El presidente del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ), Romer Saucedo, había advertido anteriormente que las funciones de las altas autoridades judiciales “nunca volverán a ser iguales” tras el asesinato del magistrado Claure y señaló que los protocolos de seguridad tuvieron que activarse de manera inmediata.
Las medidas de protección se producen en medio de más de tres semanas de bloqueos y enfrentamientos en rutas estratégicas del país, situación que afectó la transitabilidad y el normal funcionamiento de instituciones públicas y privadas en La Paz y El Alto.
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