El asesinato del magistrado del Tribunal Agroambiental, Víctor Hugo Claure, no admite relativizaciones. Es un hecho brutal, condenable en toda su dimensión, que golpea no sólo a una familia, sino al propio Estado. Cuando la violencia alcanza a quien tiene la misión de impartir justicia, lo que se hiere no es únicamente una vida, es la idea misma de legalidad.
La reacción institucional ha sido inmediata. Desde el Tribunal Supremo de Justicia de Bolivia, su presidente Romer Saucedo ha hablado de una guerra contra el sicariato y el narcoterrorismo. Y es comprensible. Nadie puede cuestionar la necesidad de proteger a los operadores de justicia, de reforzar su seguridad y de evitar que el miedo se instale como norma. Sin jueces libres de amenazas, no hay justicia posible.
Pero sería un error -y uno garrafal- creer que la respuesta puede agotarse en la reacción. Porque junto a la indignación legítima por el crimen emerge otra inquietud, más silenciosa, más incómoda: la duda sobre la imparcialidad e idoneidad en la administración de justicia.
No es una sospecha nueva. Se ha instalado con el tiempo, alimentada por decisiones cuestionadas, por procesos interminables, por resoluciones sumisas al poder de turno y por actuaciones que responden más a intereses que a principios. Es la percepción, extendida y corrosiva, de que el sistema no actúa con la rectitud que exige su función. Y esa percepción, aunque existan honrosas excepciones, termina contaminando a todo el sistema.
Ahí radica el verdadero riesgo.
Porque cuando la ciudadanía duda de la justicia, el daño es profundo. Se erosiona la confianza, se debilita la autoridad moral del Estado y se abre un espacio peligroso donde la ley deja de ser el marco que rige la convivencia común. Incluso retorna la tentación de proveerse de justicia por mano propia.
En ese vacío, el crimen no sólo avanza, se legitima.
En medio de esta crisis, el presidente Rodrigo Paz ha señalado que el país vive la recomposición de estructuras delictivas toleradas durante años. Más allá del debate político, esa afirmación encierra el reconocimiento de que las mafias lograron penetrar el Estado. Y es precisamente esa realidad la que obliga a ir más allá de la reacción.
Si esas redes pudieron instalarse, es porque el sistema -y en particular la justicia- cedió a presiones e intereses. Por ello, la respuesta no puede limitarse a combatir sus efectos. Es imperativo reformar las instituciones para que nunca más puedan ser capturadas o condicionadas por el poder ilícito.
Frente a un hecho tan lamentable y condenable, la respuesta no puede limitarse a la seguridad, aunque sea urgente, ni a la condena, aunque sea necesaria. Debe convocarse, con el mismo apremio, a un esfuerzo más amplio y más exigente para la construcción de una justicia confiable.
Eso es algo que todos los políticos incluyeron en sus ofertas, pero que hasta ahora no se ha cumplido.
Supone articular equipos de trabajo serios, convocar a la sociedad, incorporar a expertos y diseñar reformas que no se queden en la superficie, que encaren una transformación profunda del sistema judicial. Y, si se quiere una solución estructural, asumir sin evasivas la necesidad de revisar la Constitución Política del Estado, de la que deriva la situación actual.
El país no sólo requiere jueces seguros. Exige jueces confiables.
No alcanza con enfrentar al sicariato que dispara desde una motocicleta. Hay que erradicar también el que, sin balas, destruye vidas y haciendas con sentencias injustas desde un despacho judicial.
Si la violencia externa amenaza a la justicia, la desconfianza colectiva la debilita. Y cuando las dos se combinan, queda inerme el ciudadano y, al final, se pone en riesgo al Estado mismo.
Ambas cosas no son excluyentes. Son, en realidad, inseparables.
El desafío, entonces, es doble. Y el momento no admite evasivas.
Proteger la justicia, sí. Pero también reconstruirla.
