Desde que se instauraron las elecciones directas a gobernador hace casi 20 años, Santa Cruz se volvió el bastión opositor al centralismo del occidente, alzando un discurso autonomista, pro empresarial y de libre mercado. Ese discurso le sirvió como contrapeso frente a un gobierno central indigenista, nacionalista y antineoliberal. Sin embargo, a casi 16 años de la ley de autonomías y tras tres gestiones, el balance es otro: el proceso autonómico quedó más en la retórica que en hechos concretos.
Rubén Costas, el primer gobernador electo, lideró el frente opositor de la llamada “media luna”, donde en algún momento cundió el separatismo. Pero tras un referéndum revocatorio que desmanteló aquella alianza regional, el núcleo opositor quedó reducido a Santa Cruz. Costas terminó replegado y, por instinto de supervivencia, terminó acordando un pacto de cese de hostilidades con el MAS para concluir su segundo mandato.
Luego vino Luis Fernando Camacho, quien desde el Comité Cívico impulsó un paro de 21 días que precipitó el cambio desordenado de gobierno. Camacho reveló que su padre había acordado el amotinamiento policial y militar de 2019, postuló a la presidencia a los pocos meses del golpe de Estado, perdió ante Luis Arce, pero ganó la Gobernación cruceña en marzo de 2021. Desde allí intentó instalar una segunda ola de regionalismo con el discurso del federalismo pero sin eco en el país, fue preso a fines de 2022, gobernó desde la cárcel hasta ser traicionado por los suyos, salió en agosto de 2025 y perdió la reelección en 2026.
Más allá de los nombres, lo que persiste es una contradicción de fondo: la región que más ha convocado a la autonomía ha acentuado su dependencia financiera a las transferencias del nivel central. Los ingresos propios representan menos del 50% de todo su presupuesto, y los impuestos departamentales apenas llegan al 2% de lo recaudado. Mucho discurso autonomista, sí, pero poco esfuerzo fiscal real.
Las contradicciones no terminan ahí. Se critica con efervescencia la burocracia del occidente, pero el gasto corriente — sobre todo en sueldos — no ha dejado de crecer en Santa Cruz. La Gobernación maneja el presupuesto más grande del país, pero tiene la tercera ejecución más baja a nivel nacional, apenas por encima de Potosí y Tarija. Camacho desperdició la posibilidad de organizar una final de la Copa Sudamericana por no terminar las obras a tiempo. El problema, entonces, no parece ser la falta de dinero, sino la mala gestión.
Tanto Costas como Camacho administraron la segunda renta hidrocarburífera más alta del país. Quienes denunciaban la dilapidación de los recursos estatales fueron también beneficiarios de la bonanza del gas, pero no dejaron obras visibles para su departamento. La reciente caída de los ingresos fiscales no impidió que la Gobernación siguiera aumentando el gasto en salarios, mientras la inversión pública se redujo de forma significativa.
Hoy, Santa Cruz es la entidad subnacional más endeudada del país, con un saldo de Bs 980 millones a 2024, más del doble del promedio nacional. El servicio de la deuda se ha duplicado en una década, y no hay recursos suficientes para alimentar el creciente gasto corriente. Frente a esta frágil situación fiscal, la Gobernación no apuesta por elevar sus recursos propios, sino por obtener más transferencias del Estado central. Su tenaz insistencia en la realización del Censo y en la pronta aplicación de sus resultados es una muestra de esa conducta rentista. Sin embargo, la nueva redistribución de recursos solo incrementó marginalmente sus ingresos, insuficiente para cubrir las crecientes demandas.
Por eso el apetito ahora se ha desplazado hacia la anunciada distribución del 50-50 de los recursos entre el nivel central y los niveles autonómicos. Salta a la vista que detrás de esta demanda no hay un genuino afán por fortalecer competencias autonómicas, sino una estrategia para hacerse de más recursos sin el más mínimo esfuerzo fiscal propio.
Los gobernadores de Santa Cruz han priorizado una agenda política en contra de occidente en lugar de dar el ejemplo de una gestión autonómica eficiente. Hoy, la gobernación camina hacia una crisis financiera sino corrige estas tendencias. Camacho deja el cargo con una crisis financiera interna y un discurso autonomista desgastado que terminó confundiendo gestión con recursos.
El reto para su sucesor no simplemente es revertir la falta de recursos que requilibre las cuentas departamentales, sino mejorar la gestión institucional y crear un nuevo enfoque de desarrollo que trascienda la agenda autonómica, de la que poco o nada han avanzado.
