El exdirigente de la Central Obrera Regional (COR) de El Alto Roberto de la Cruz afirmó que el cabildo convocado por la Central Obrera Boliviana (COB) para el 1 de mayo responde a demandas sociales de los trabajadores y no a intereses político-partidarios.
Según el abogado indígena, existe una intención de “confundir” a la población al atribuir un carácter político a las movilizaciones, cuando —sostiene— se trata de reivindicaciones laborales bajo el principio de independencia sindical.
Roberto de La Cruz
De la Cruz señaló que los puntos planteados por la COB serán puestos a consideración de las bases y prevé que contarán con respaldo mayoritario.
En ese contexto, mencionó que el Tribunal Supremo Electoral (TSE), a través del Sistema de Fortalecimiento Democrático (Sifde), tendrá presencia como garante de legalidad en el proceso, en caso de que se requiera supervisión.
El exdirigente también se refirió al accionar del Gobierno del presidente Rodrigo Paz, a quien instó a priorizar la atención de las demandas sociales.
“Presidente, no le haga caso a las logias de Santa Cruz”, expresó, al advertir sobre presiones de sectores que —según dijo— buscan influir en decisiones económicas.
Gobierno
Asimismo, cuestionó a actores políticos como Samuel Doria Medina, a quienes acusó de promover intereses vinculados a la privatización de empresas estratégicas.
De la Cruz sostuvo que el país necesita fortalecer el aparato productivo e impulsar la industrialización como vía para generar empleo y dinamizar la economía.
Según la convocatoria de la COB, el cabildo del 1 de mayo abordará 11 temas bajo la consigna “Por una Bolivia digna y soberana”, en el marco del Día del Trabajador.
Entre los puntos centrales destacan la vigencia de la Constitución Política del Estado, la protección de los recursos naturales, la oposición a la privatización de empresas estatales y el respeto a la voluntad expresada en las urnas.
Cabildo
Asimismo, se plantean exigencias orientadas a dinamizar la economía, con énfasis en la reactivación productiva, la inversión en el área rural y el fortalecimiento de servicios públicos gratuitos en salud y educación, además de responsabilidades del Estado ante actos considerados inconstitucionales.
El pliego también incorpora la recuperación del poder adquisitivo frente al alza de precios, el cumplimiento de compromisos asumidos en campaña y medidas de respaldo a sectores vulnerables, como trabajadores independientes, gremiales y organizaciones indígena originario campesinas.
El 31 de marzo, la Central Obrera Boliviana presentó oficialmente su pliego petitorio al Gobierno, tras una movilización en La Paz. Entre sus principales demandas figura un incremento salarial del 20%, propuesta que fue descartada por las autoridades.
