Tras la socialización del proyecto de la Ley Antibloqueo, el diputado del Partido Demócrata Cristiano (PDC) Manolo Rojas propuso cambiar el nombre de esa norma a Ley del Derecho a la Libre Transitabilidad, a fin de que tenga mayor aceptación por la ciudadanía.
“Existe mucha gente que está a favor y muy pocos en contra, pero hay que darle la oportunidad al pueblo a través de un referéndum que puedan elegir si está bien que los bloqueos perjudiquen a la economía, perjudiquen al más necesitado o en efecto queremos vivir con ese nuevo título, el derecho a la libre transitabilidad”, explicó a los periodistas.
Ley antibloqueo
Rojas argumentó que el cambio responde a la necesidad de emplear términos adecuados que permitan a la población identificarse con el contenido de la norma.
El diputado sostuvo que existe respaldo ciudadano a esa iniciativa, sin embargo, reconoció la presencia de sectores críticos que cuestionan su supuesto impacto en derechos fundamentales.
Asimismo, planteó la posibilidad de someter la propuesta a un referéndum nacional para que la población decida sobre la restricción de los bloqueos.
En su criterio, los bloqueos perjudican a los sectores más vulnerables, afectando el comercio, el transporte y el desarrollo económico en varias regiones del país.
Propuesta
Sin embargo, la norma ha generado rechazo por parte de la Central Obrera Boliviana (COB) y sindicatos afines que consideran vulnerado su derecho a la protesta social.
Esas organizaciones sostienen que cualquier restricción podría limitar mecanismos históricos de presión social utilizados por trabajadores en Bolivia frente a decisiones gubernamentales consideradas adversas.
Rojas detalló que el proyecto fue socializado con sectores del transporte, turismo, empresarios y trabajadores del área rural, buscando consenso antes del tratamiento legislativo.
No obstante, el legislador expresó su expectativa de que la Central Obrera Boliviana pueda reconsiderar su posición y respaldar la propuesta en beneficio del país.
Esa norma contempla la posibilidad de congelar cuentas y bienes de sindicatos involucrados en bloqueos que generen daños económicos al Estado. El objetivo de esas medidas sería facilitar investigaciones y sanciones, disuadiendo a organizaciones de recurrir a bloqueos como mecanismo de presión política recurrente.
