El Gobierno identificó hace poco que 64 de las 67 empresas públicas del país operan con pérdidas económicas y le generaron al país pérdidas por más de $us 2.000 millones en los últimos 20 años. En ese contexto, el economista Luis Fernando Camacho elaboró un ranking de las 10 empresas más deficitarias en la gestión 2025.
Según el economista, el ranking se elaboró con datos recopilados de los estados financieros de las empresas nacionales o públicas de Bolivia obtenidos del Ministerio de Economía y Finanzas Publicas. Además, de algunas rendiciones públicas de cuentas de empresas estatales.
“Este ranking refleja únicamente el déficit corriente, extraído de los resultados de gestión de sus estados de Recursos y Gastos Corrientes de la gestión 2025, avalados y publicados por el Viceministerio de Presupuesto y Contabilidad Fiscal y la Dirección General de Contabilidad Fiscal”, dijo.
Asimismo, explicó que el ranking se hizo con corte al 5 de abril y a esa fecha no hay información de empresas la Metalúrgica de Vinto, Lacteosbol y varias otras más.
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El caso YPFB
Llama la atención que—según su análisis—Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) está en el ranking, pese a que incluso el Gobierno dijo en febrero que la estatal petrolera, junto a ENDE y Comibol generan utilidades, aunque aún no alcanzan estándares internacionales de eficiencia.
Romero explicó que el caso de YPFB es particular. La estatal petrolera tiene una pérdida por utilidad de Bs -250,7 millones, pero refleja una situación aparentemente contradictoria.
“Si bien en 2025 no presenta déficit corriente en su operación, sí registra una pérdida económica de Bs -250,7 millones cuando se consideran costos reales como depreciaciones, subsidios, tipo de cambio y costos financieros. Esto significa que la empresa funciona en el corto plazo, pero destruye valor en términos económicos”, explicó Romero.
“En la gestión 2025, YPFB presenta una utilidad en ejercicio negativa por un monto Bs -250.779.442 en su Estado de Recursos de Gastos Corrientes. Sin embargo, en el mismo, al final del documento presenta una Utilidad Neta de Bs 2.786.935,450 gracias a unos ajustes contables tales como el ‘Ajuste por Inflación y Tenencia de Bienes’”, acotó.
En criterio del economista, la principal causa de ese déficit es el subsidio a los carburantes, se importaba combustibles a precios internacionales y se vendía a precios significativamente más bajos, generando pérdidas por cada unidad comercializada.
Ranking
En criterio de Romero, el hecho de que muchas empresas públicas operen con pérdidas sostenidas implica que el Estado debe transferir recursos para mantenerlas en funcionamiento, lo cual presiona el déficit fiscal, reduce la disponibilidad de divisas y limita la capacidad para atender otras prioridades.
“El análisis comparativo entre las gestiones 2024 y 2025 evidencia un deterioro en la situación financiera de las empresas públicas.
En 2024, las empresas más deficitarias incluían a Mi Teleférico (Bs -199,7 millones), YLB (Bs -196,6 millones) y la Empresa de Producción Agropecuaria (Bs -49,7 millones). Para 2025, no solo se mantienen algunas de estas empresas, sino que se incorporan otras con déficits mucho más elevados”, explicó Romero en su análisis.
El ranking 2025 está liderado por Yacimientos de Litio Bolivianos (YLB) con un déficit de Bs -231,7 millones, le sigue Mi Teleférico con Bs -163,2 millones y BOA con Bs -138,1 millones.
“Este cambio muestra que el problema no solo persiste, sino que se ha intensificado y concentrado en empresas de mayor tamaño e importancia estratégica”, dijo el economista.
Además, observa la aparición de empresas productivas como la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) con pérdida de Bs -104,2 millones y la Empresa Pública de Cementos Bolivia (ECEBOL) con Bs -56,3 millones.
Para Romero la situación de la empresa Boliviana de Aviación (BoA) llama la atención, ya “que opera en un mercado con características monopólicas, lo que en teoría debería permitirle ser rentable”.
Sin embargo, su déficit asciende a Bs -138,1 millones y sugiere problemas de eficiencia operativa, sobrecostos o deficiencias en la gestión empresarial.
“De manera similar, empresas como YLB, EBA o ECEBOL presentan pérdidas elevadas pese a tener objetivos productivos, lo que indica problemas de diseño, baja productividad o inversiones que no están generando los retornos esperados”, dijo.
Evaluación
Romero consideró que el Gobierno debería implementar una evaluación integral obligatoria para cada empresa pública, que analice su rentabilidad, flujo de caja, impacto social y sostenibilidad en el tiempo.
Esa evaluación debe permitir clasificar a las empresas en tres grupos: sociales, estratégicas y productivas.
Las empresas sociales pueden recibir subsidios, pero éstos deben ser explícitos, transparentes y sujetos a metas de eficiencia y reducción progresiva del déficit.
Y considera que las alianzas público-privadas son especialmente relevantes en sectores como el litio, la industria cementera o la producción de alimentos, donde el sector privado puede aportar capital, tecnología y eficiencia operativa.
“Asimismo, la privatización debe ser considerada como una herramienta técnica en aquellos casos donde no exista justificación social ni estratégica para mantener la empresa bajo control estatal”, remarcó.
Romero alertó que Bolivia enfrenta un problema estructural en la gestión de sus empresas públicas, caracterizado por déficits crecientes, baja eficiencia y ausencia de evaluación sistemática.
“Bolivia no enfrenta un problema por tener empresas públicas, sino por cómo se las gestiona. Cuando estas empresas operan con pérdidas constantes, los recursos que las sostienen salen de todos los bolivianos, afectando la estabilidad económica, el acceso a dólares, la inflación y la calidad de los servicios públicos”, puntualizó.
Y remarcó que el Estado no puede seguir financiando indefinidamente ineficiencias, especialmente en un contexto de restricción fiscal.
