Bolivia atraviesa su peor crisis energética en décadas justo cuando el mundo enfrenta una nueva conmoción en los mercados del petróleo. La guerra desatada el 28 de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán ya completa su segunda semana sin señales claras de tregua. Ha disparado el precio del barril a niveles no vistos desde la invasión rusa a Ucrania en 2022 y esto encuentra al país en una posición de vulnerabilidad estructural.
El estrecho de Ormuz, por donde transita aproximadamente el 20% del petróleo mundial, permanece efectivamente cerrado al tránsito de petroleros. El nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Khamenei, ha declarado que seguirá así como instrumento de presión. El barril de crudo Brent cerró esta semana por encima de los $us 103, su nivel más alto desde 2022, tras oscilar más de un 30% en siete días. La Agencia Internacional de Energía aprobó en una medida sin precedentes la liberación de 400 millones de barriles de reservas estratégicas de sus países miembros. Aun así describió el impacto del conflicto como «la mayor disrupción de la historia» en los suministros mundiales de petróleo.
Geopolítica y economía del petróleo
«El tema geopolítico es uno de los factores que influyen en el precio internacional del petróleo», explica Raúl Velásquez, analista en energía e hidrocarburos de la Fundación Jubileo. «Una confrontación bélica dispara sin duda el precio del barril. Va a depender mucho de cuánto tiempo dure esto para ver por cuánto tiempo el precio se mantiene en niveles elevados». El escenario optimista de los primeros días —en que algunos anuncios del presidente Trump y señales de Arabia Saudita habían llevado el barril de regreso a los $us 85— luce hoy improbable. «Ojalá que este conflicto sea corto, porque al final nadie quiere una guerra», agrega Velásquez. «Pero el precio va a estar muy en función de estos aspectos».
Para Bolivia, estas cifras no son abstracciones. Son el contexto en el que el gobierno de Rodrigo Paz intenta sostener la reducción en los subsidios a los combustibles. «El precio de la gasolina y del diésel fue fijado con una referencia de $us 64 el barril», advierte Álvaro Ríos, ingeniero químico y exministro de Hidrocarburos. «Vemos que ese precio está alrededor de los Bs 14 o Bs 15 el litro sin subsidio. Eso nos da una diferencia de Bs 4 por litro en el diésel y de Bs 7 en la gasolina. Es decir, el subsidio ha regresado». La subvención que el gobierno eliminó en diciembre a un enorme costo político amenaza con reconstituirse por la vía de los mercados internacionales.
Consecuencias en Bolivia
Ríos identifica al menos cuatro consecuencias inmediatas. La primera es precisamente ese retorno encubierto del subsidio. La segunda es el riesgo de que el contrabando reactive su lógica. «Con un diferencial de Bs 7 por litro, el contrabando comenzará a gestionarse nuevamente. Es un negocio, y probablemente las autoridades no lo perciban de inmediato, pero se dará porque es un negocio», asevera. La tercera es la exclusión práctica del sector privado del mercado de combustibles. «Si en el mercado hay gasolina disponible a Bs 6,96 el litro y el precio internacional para los privados está en Bs 14, una diferencia de Bs 7 hace que el sector privado pierda toda posibilidad de competir en el abastecimiento». La cuarta, quizás la más estructural, es «una mayor erogación de dólares del país para la compra de combustible».
Este último punto es particularmente delicado, porque Bolivia ha pasado de ser exportador de energía a importador estructural en el transcurso de una década. Los datos del Instituto Nacional de Estadística son contundentes: en 2006 el país gastaba $us 272 millones anuales en importaciones de combustibles y productos conexos; en 2022 esa cifra trepó a más de $us 3.000 millones. Y esa escalada no ocurrió porque el país consumiera más, sino porque producía cada vez menos. La producción bruta de gas natural cayó un 53,7% entre 2014 y 2025, y la de hidrocarburos líquidos un 63,1% en el mismo período.
«Al haberse convertido en un país importador de hidrocarburos, Bolivia se posiciona en una alta vulnerabilidad a la coyuntura internacional», señala Velásquez. «Ya no producimos suficiente gas ni suficientes líquidos. Eso nos obliga a importar cada vez más. Y al importar cada vez más nos volvemos frágiles a este tipo de conflictos internacionales, ya sean geopolíticos, financieros o especulativos. Bolivia ya ha perdido autarquía energética significativamente, al menos en el diésel y la gasolina».
Ganadores y perdedores
El impacto del conflicto no es uniforme en la región. Los países exportadores netos —Venezuela, Colombia, Ecuador, Argentina, Brasil— se benefician con la subida de precios. Bolivia integra el grupo de los perjudicados. «A países importadores como Chile o Bolivia más bien les resulta perjudicial, porque se incrementa el precio al cual importan petróleo crudo o derivados como la gasolina o el diésel», precisa Velásquez.
El gobierno enfrenta una disyuntiva difícil. Absorber el diferencial entre el precio internacional y el precio interno significa reconstruir el subsidio eliminado con tanto esfuerzo. Trasladarlo al consumidor implica una nueva ronda de ajustes antes de los seis meses comprometidos en el Decreto Supremo 5516. Velásquez recomienda respetar ese plazo. «Por más que haya surgido este conflicto bélico, lo correcto es que el gobierno lo cumpla. En esos seis meses va a tener que evaluarse qué es lo que ocurre hacia adelante», sostiene.
Las opciones al vencimiento del decreto son indexar el precio al mercado internacional, fijarlo por períodos actualizables, o establecer bandas de oscilación. En cualquier caso, añade el analista, «la información es una condición fundamental y básica para que la población acepte de mejor forma los ajustes que se tengan que realizar».
Combustibles, dólares y escasez
A ello se suma un problema que ninguna política de precios puede resolver por sí sola. «En cualquiera de los casos, ya sea que se importen combustibles terminados o petróleo crudo, el país requiere divisas», advierte Velásquez. «La falta de divisas para poder importar es un desafío pendiente todavía para el gobierno, que no ha sido abordado». Ríos es igualmente directo: «Para poder importar hay que tener los dólares. Ya sea que importe YPFB o importe el sector privado, igual requieren divisas. Esa es la condición básica, y todavía no está resuelta».
La duración del conflicto en Oriente Medio sigue siendo la gran incógnita. «Va a depender mucho de lo que pasa con Irán», resume Velásquez, recordando que la guerra de Ucrania, sobre la que también se hicieron pronósticos optimistas al inicio, lleva ya cuatro años. Para Bolivia, cada semana adicional de conflicto es una semana más de presión sobre sus finanzas públicas, su balanza de pagos y su capacidad de sostener el abastecimiento de combustibles en un contexto con precios rápidamente al alza.
