La Misión de Observación Electoral (MOE) de la Fundación Jubileo advirtió este lunes que, pese a los avances normativos en Bolivia para garantizar la participación política de las mujeres, todavía persisten importantes barreras que limitan su acceso a candidaturas ejecutivas y al ejercicio pleno de los cargos públicos.
La institución señaló que el país cuenta con un marco legal que reconoce los derechos políticos de las mujeres, respaldado por la Constitución, la legislación electoral y normas específicas contra el acoso y la violencia política.
Indicó que estas disposiciones establecen principios de igualdad, paridad y alternancia en la participación política. Sin embargo, según el análisis de la MOE, estos avances legales aún no se reflejan plenamente en la práctica política en igualdad.
Recordó que en los procesos electorales recientes se observa que, aunque la paridad se cumple de manera formal en la conformación de listas legislativas, persisten desigualdades en el acceso de las mujeres a candidaturas ejecutivas y en los procesos internos de definición de postulaciones dentro de las organizaciones políticas.
A ello se suma la persistencia del acoso y la violencia política, fenómenos que continúan afectando de manera desproporcionada a mujeres autoridades y candidatas.
Estas situaciones, advierte Jubileo, no solo vulneran los derechos políticos de las mujeres, sino que también representan un riesgo para la integridad del proceso democrático.
“Cuando la participación política de las mujeres se ve limitada por prácticas de exclusión, presiones para renunciar, violencia política o desigualdad en las oportunidades de participación, se afecta el principio de elecciones libres y justas y se debilita la calidad de la representación democrática”, señala el pronunciamiento.
Asimismo, la MOE expresó preocupación por la limitada capacidad institucional para asegurar el cumplimiento efectivo de la normativa vigente. Aunque existen mecanismos formales para registrar denuncias y dar seguimiento a casos de acoso y violencia política, persisten dificultades en la prevención, investigación, sanción y reparación de estos hechos.
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También advirtió que los avances en la adecuación e implementación de los estatutos internos de las organizaciones políticas para garantizar condiciones de igualdad en la participación política aún son insuficientes.
En ese contexto, Jubileo consideró que la coyuntura política actual representa un momento clave para adoptar medidas que permitan cerrar la brecha entre la normativa y su aplicación efectiva, a fin de evitar la reproducción de patrones de exclusión que afectan la calidad del sistema democrático.
Por ello, la organización hizo un llamado a las organizaciones políticas, autoridades electorales, instituciones del sistema de justicia, autoridades públicas y organizaciones de la sociedad civil a adoptar acciones orientadas a garantizar igualdad real en los procesos internos de selección de candidaturas, fortalecer los mecanismos de prevención y sanción del acoso y la violencia política, asegurar que las mujeres electas puedan ejercer plenamente sus cargos y establecer mecanismos efectivos de seguimiento al cumplimiento de las normas de paridad y alternancia.
La fundación remarcó que la democracia paritaria no puede limitarse al cumplimiento formal de requisitos legales, sino que requiere condiciones institucionales y políticas que garanticen el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres.
