Organizaciones de la sociedad civil advirtieron sobre una “grave crisis de institucionalidad” en el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) y pidió a la Asamblea Legislativa priorizar el tratamiento de un proyecto de ley transitoria destinado a restablecer su funcionamiento.
Rubén Darío Cuéllar, ejecutivo de la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia (FODHJ )n, explicó que el TCP opera con solo cuatro magistrados titulares de los nueve que establece su estructura, situación que ha provocado la paralización de miles de procesos vinculados al control constitucional.
Según indicó, esta situación se originó tras la suspensión de las elecciones judiciales en cinco departamentos y la posterior “autoprórroga” de magistrados cuyo mandato debía concluir el 31 de diciembre de 2023.
“Hoy el Tribunal Constitucional se encuentra con cuatro miembros y enfrenta más de 18.000 causas rezagadas. Muchas de ellas llevan más de cuatro años sin resolverse”, señaló.
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Cuéllar explicó que, debido a la falta de quórum legal para sesionar en sala plena, el Tribunal solo está resolviendo parcialmente acciones de tutela como amparos constitucionales, acciones de libertad o acciones populares. Sin embargo, otros procesos vinculados al control constitucional permanecen paralizados.
Entre ellos mencionó las acciones de inconstitucionalidad abstracta o concreta, los recursos contra tributos considerados arbitrarios y los procesos relacionados con usurpación de funciones o conflictos de competencia.
“Esto no afecta a las instituciones, afecta directamente a los ciudadanos. Sus derechos están siendo ignorados porque no existe capacidad institucional para resolver estos casos”, afirmó.
El pronunciamiento difundido por diversas organizaciones de la sociedad civil plantea que la Asamblea apruebe con urgencia un proyecto de ley transitoria enviado por el propio TCP, el cual permitiría que los cuatro magistrados actuales conformen sala plena y puedan sesionar válidamente para emitir resoluciones, mientras se define la designación o elección de los miembros faltantes.
La propuesta también plantea habilitar a la presidencia del Tribunal para ejercer funciones jurisdiccionales, además de realizar ajustes en la Comisión de Admisión, con el objetivo de agilizar la tramitación de causas.
El pronunciamiento fue impulsado inicialmente por alrededor de 18 organizaciones de la sociedad civil dedicadas a la promoción y defensa de los derechos humanos, entre ellas la Fundación Observatorio de Derechos Humanos y Justicia.
Asimismo, más de 70 ciudadanos se sumaron en una primera etapa mediante adhesiones personales, número que continúa en crecimiento. Los impulsores de la iniciativa también habilitaron una petición pública para que ciudadanos, instituciones y organizaciones puedan respaldar el pedido de tratamiento urgente de la ley transitoria.
La iniciativa busca generar presión ciudadana para que la Asamblea Legislativa inicie el debate de la propuesta y adopte medidas que permitan restablecer el funcionamiento del sistema de control constitucional en el país.
