La Cámara Departamental de la Construcción (Cadeco) de La Paz, presidida por Jaime Del Llano Argote, exigió al Gobierno la emisión inmediata de un decreto para ajustar precios y reactivar obras.
El dirigente rechazó denuncias de asambleístas departamentales sobre presuntas irregularidades en la ejecución de algunas obras y aseguró que las observaciones carecen de respaldo técnico y análisis profesional independiente.
“Las evaluaciones deben ser técnicas, serias y responsables, porque no se puede dañar la credibilidad institucional con acusaciones sin sustento”, afirmó Del Llano en conferencia de prensa.
Cadeco
Explicó que la paralización de obras responde principalmente al incremento sostenido de costos, derivado de la escasez de combustibles y la actualización parcial de la subvención estatal.
Detalló que los decretos supremos 5503 y 5516 modificaron el esquema de precios del diésel, lo que elevó considerablemente los costos operativos del sector constructor.
“Hoy ejecutamos obras con contratos desfasados, lo que hace financieramente inviable continuar sin afectar calidad, plazos y estabilidad de las empresas”, sostuvo el titular de Cadeco.
Indicó que esta problemática fue expuesta ante los ministerios de Obras Públicas y de Economía, donde se acordó emitir un decreto de ajuste hasta febrero, pero el acuerdo aún no se cumplió.
Obras
“Ese decreto era fundamental y debía publicarse en febrero, pero seguimos esperando, mientras cientos de empresas enfrentan una situación económica crítica”, subrayó el dirigente empresarial.
Del Llano señaló que más de 500 empresas paceñas permanecen paralizadas, afectando directamente a miles de trabajadores y a la economía regional.
“Cada obra detenida significa menos empleo, menor inversión pública y mayor deterioro de la infraestructura que necesita nuestra población”, advirtió.
Precios
Aclaró que el pedido de ajuste no se limita a proyectos de la Gobernación, sino que incluye obras ejecutadas por entidades nacionales, municipales y programas estatales.
“El ajuste debe ser integral, porque el problema afecta a todo el sistema de contratación pública, no solamente a una institución o a un nivel específico del Estado”, afirmó.
Asimismo, exhortó a los asambleístas departamentales a respaldar esta demanda y evitar la politización de un problema técnico que compromete el desarrollo departamental.
Del Llano alertó que, sin una respuesta inmediata, podrían incrementarse los conflictos contractuales, los arbitrajes y los procesos judiciales contra el Estado.
Acuerdos
“Si no hay ajuste, las empresas no podrán continuar, y eso generará más litigios, mayores costos y retrasos que terminará pagando toda la sociedad”, sostuvo.
Finalmente, reiteró que el sector constructor mantiene su disposición al diálogo, pero exige decisiones concretas para garantizar estabilidad, inversión y desarrollo sostenible.
