La subjefa de bancada de la opositora alianza Libre, Lisa Claros, anunció que este lunes se formalizará una Petición de Informe Oral (PIO) dirigida al presidente del Banco Central de Bolivia (BCB), David Espinoza.
El objetivo es que explique de manera detallada el origen, destino y procedimiento aplicado al dinero que era transportado en la aeronave siniestrada.
La legisladora sostuvo que existen múltiples aspectos que generan dudas y preocupación, entre ellos los comunicados oficiales difundidos tras el accidente, los cuales —según afirmó— provocaron zozobra, inseguridad e incertidumbre en la población, particularmente en lo referido a la validez de los billetes correspondientes a la Serie B.
Petición de informe
Claros, en entrevista con Erbol, señaló que aún persisten interrogantes centrales sobre el manejo de esos recursos, como el destino final de los montos transportados, las razones por las cuales esos billetes todavía no estaban en vigencia y cuál es el procedimiento normativo para su monetización e incorporación al circuito financiero nacional.
La parlamentaria remarcó que, más allá de la suspensión de la interpelación al ministro de Hidrocarburos prevista para este martes, la Asamblea Legislativa mantiene intacta su facultad constitucional de fiscalización al Órgano Ejecutivo, por lo que no existe impedimento legal para activar mecanismos de control como la petición de informe oral.
Dinero
En relación con el ministro de Hidrocarburos, Mauricio Medinacelli, Claros afirmó que su bancada ya definió una postura favorable a la aplicación de una censura motivada, debido a su inasistencia a la sesión convocada la semana pasada. Precisó que, en caso de aprobarse la censura, la autoridad deberá ser destituida sin posibilidad de restitución, conforme establece la normativa vigente.
Finalmente, recordó que las interpelaciones están expresamente contempladas en la Constitución Política del Estado y que los exhortos emitidos por el Tribunal Constitucional sobre esta atribución ya fueron atendidos mediante proyectos de ley tramitados en ambas cámaras legislativas. En ese sentido, sostuvo que no existen argumentos jurídicos ni administrativos válidos para restringir el ejercicio del control parlamentario.
