El gerente de la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), Sergio Siles, informó a La Razón que la estatal proyecta devolver, en promedio, Bs 10.000 a 1.884 panificadores afiliados a federaciones y asociaciones de La Paz, El Alto, Oruro, Cochabamba, Sucre y Potosí, por saldos correspondientes a harina subvencionada que no fue entregada.
Explicó que la cifra final por beneficiario podría variar en función de los depósitos realizados por cada panificador. El proceso de devolución se plantea en un plazo de 30 días, una vez consolidado el acuerdo con el sector, al cual se le devolverá, en total, Bs 16 millones.
Siles señaló que actualmente no existe dificultad para encontrar proveedores de harina en grandes cantidades, ya sea de producción nacional o importada —principalmente desde Argentina—, por lo que considera que no hay un argumento sólido para rechazar la devolución en efectivo de los recursos.
Panificadores
El gerente detalló que la propuesta fue trabajada desde diciembre en mesas técnicas, a partir de la revisión de bouchers de depósito, documentación legal y procesos de conciliación de saldos. “Ha sido un trabajo serio”, afirmó e indicó que los panificadores presentaron progresivamente sus respaldos hasta identificar con precisión los Bs 16 millones a devolver.
Reiteró, además, que el sector debe presentar hasta el 11 de marzo una contrapropuesta. Mientras algunos dirigentes plantearon recibir harina en lugar de efectivo, otros señalaron que consultarán con sus bases antes de asumir una posición definitiva.
Siles aclaró que la devolución no contempla ningún tipo de resarcimiento adicional, ya que se trata únicamente de saldos depositados para la compra de harina subvencionada. También reconoció que el esquema de subvención fue mal manejado por exautoridades de la estatal y exdirigentes del sector panificador, situación que derivó en la decisión de no continuar impulsando ese modelo.
Asimismo, sostuvo que el objetivo del Gobierno es cerrar este capítulo mediante la conciliación de cuentas y abrir una nueva etapa de relacionamiento con el sector panificador, basada en criterios de transparencia, legalidad y correcta administración de los recursos destinados a su fortalecimiento.
