El alcalde de Santa Cruz, Jhonny Fernández, está acusado de presuntos hechos de corrupción en obras de pavimentación. El fiscal departamental de Santa Cruz, Alberto Zeballos, informó que el Ministerio Público pedirá su detención.
“Se va a requerir de manera objetiva y fundamentada ante la autoridad judicial la medida excepcional de la detención preventiva”, señaló el fiscal.
¿En qué consiste el caso pavimento?
La Fiscalía investiga presuntas irregularidades en la ejecución de 16 obras de pavimentación rígida pagadas, pero no ejecutadas en su totalidad, es decir, hay partes inconclusas.
En una auditoría operacional de las obras, la Contraloría General del Estado, distrito Santa Cruz, detectó falencias e irregularidades relacionadas con el manejo y la administración pública en estos proyectos.
Esa instancia analizó las 16 obras, que contemplaban 102,10 kilómetros de infraestructura vial, y detectó que varios proyectos no se concluyeron, dejando un faltante considerable de pavimento en las vías, de acuerdo con mediciones realizadas. Estas acciones corresponden a la ejecución de obras en la gestión 2023.
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Denuncia
“Han podido detectar ciertas anomalías respecto a los resultados que ha arrojado preliminarmente este informe, basado específicamente en la medición de criterios de eficacia”, señaló el fiscal.
El concejal y candidato a la alcaldía cruceña por la agrupación VOS, Manuel “Mamen” Saavedra, denunció este caso en diciembre de 2025, alertando sobre hechos de corrupción en obras de pavimentación, con un presunto daño económico estimado en Bs 6,7 millones. Saavedra anexó a su demanda el informe preliminar de la Contraloría.
La demanda es contra Jhonny Fernández, alcalde de Santa Cruz, y Sergio Luna, secretario municipal de Obras Públicas, sindicados por los delitos de presunto incumplimiento de deberes y conducta antieconómica.
Detención
“La máxima autoridad ejecutiva de la institución es responsable desde el inicio hasta la finalización de los procesos de contratación (…) pero, a su vez, también debía detectar observaciones y, en todo caso, emitir alguna resolución, ya sea de revocatoria o anulabilidad de estos procesos de licitación o contratación, para regularizar el correcto manejo de los bienes de administración pública respecto al POA de la gestión 2023”, indicó el fiscal Zeballos.
La Fiscalía emitió la orden de aprehensión para los implicados e informó que ambos se acogieron al derecho de guardar silencio.
El martes, tras conocer su orden de aprehensión, Fernández se descompensó y quedó internado en una clínica.
