El Decreto Supremo 5547, que establece arancel cero para la importación de grano de soya en 2026, ha generado expectativas en la industria oleaginosa nacional. Sin embargo, la medida constituye apenas el primer paso de un camino más complejo que exige acciones complementarias. Sin ellas, las empresas procesadoras no podrán capitalizarla realmente.
David Diez Canseco, gerente técnico de la Cámara Nacional de Industrias Oleaginosas de Bolivia (Caniob), reconoce que la apertura es bienvenida, pero advierte sobre las limitaciones reales. «Está bien tener esa ventana habilitada, pero hay que ver cómo se operativiza y cómo cierra la actual cosecha en curso», señala. Subraya que el problema fundamental históricamente no ha sido el arancel, sino otros factores que permanecen presentes sistémicamente.
El verdadero cuello de botella
La industria procesadora boliviana enfrenta un déficit estructural severo. Con una capacidad instalada de 5,34 millones de toneladas, solo recibe entre 3,2 y 3,5 millones de toneladas anuales de materia prima nacional. Esta brecha de casi dos millones de toneladas podría colmarse con importaciones, pero sostenidamente ha sido bloqueada por restricciones sanitarias.
Diez Canseco explica que «el problema no es la importación en sí, sino que el Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria e Inocuidad Alimentaria (Senasag) nos bloquea. Especialmente en lo relacionado con los transgénicos». El organismo regulador ha exigido certificaciones imposibles de cumplir. «Cuando se importa o exporta soya, el producto va identificado por su nombre científico: Glycine max. Ningún país vecino —Paraguay, Argentina o Brasil— va a especificar el evento transgénico exacto de cada lote. Eso no existe como certificación. Entonces el trámite quedaba bloqueado desde el inicio por el propio Senasag».
Esta situación, agrega, fue perpetuada incluso durante gobiernos anteriores que pedían intentar las importaciones sin realmente facilitar el proceso. «El gobierno siempre pedía que se intentara, que significaba más divisas, pero la trampa estaba dentro del propio sistema de control estatal», explica.
Condiciones económicas restrictivas
Más allá de lo regulatorio, la operativización de importaciones enfrenta desafíos económicos sustanciales. «La importación tiene varias complicaciones. La primera es que hay que pagar en dólares, por adelantado», advierte Diez Canseco. Esta condición elimina de entrada a numerosas empresas con capacidad financiera limitada.
El modelo de negocio tampoco es simple. «No se importa grano para reexportar grano; se importa para procesar. Y se exporta torta y aceite», puntualiza el directivo. Esto requiere no solo capital inicial, sino también mercados ya asegurados y logística coordinada. La estrategia debe ser planificada con anticipación. «Hay que cerrar el número, tener el comprador y el destino ya definidos».
La viabilidad varía dramáticamente según la ubicación geográfica de las industrias. La medida tendría mayor impacto «para las industrias que están cerca de la frontera y tienen capacidad de almacenamiento suficiente». Para empresas distantes de los puntos de ingreso, los costos logísticos dificultan cualquier operación.
Una oportunidad condicionada
Diez Canseco visualiza un escenario positivo pero realista. «Si la cosecha viene bien, las industrias que sepan que pueden importar podrían comprometerse a mayores volúmenes de exportación. Esto les permitiría hacer el negocio de importar, procesar y vender». Pero añade una advertencia fundamental: «los números no les cierran a todas, especialmente a las que están lejos de la frontera».
El Gobierno ha creado la oportunidad. Ahora depende de la industria, de las autoridades sanitarias y de las condiciones de mercado que la oportunidad se concrete en crecimiento real para la cadena oleaginosa boliviana.
