Familiares de presos políticos en Venezuela iniciaron ayer una huelga de hambre frente a una prisión en Caracas, mientras se prolongan las negociaciones sobre la adopción de una prometida ley de amnistía.
La amnistía histórica es la pieza central de las reformas emprendidas por la presidenta interina Delcy Rodríguez desde que las fuerzas especiales estadounidenses capturaron al líder de larga data del país, Nicolás Maduro, en una redada mortal el 3 de enero en Caracas.
Su objetivo es pasar página tras casi tres décadas de represión estatal y se espera que cubra todos los cargos presentados contra los disidentes que se opusieron al gobierno de Maduro y su predecesor Hugo Chávez durante los últimos 27 años.
La liberación masiva de prisioneros prometida el 8 de enero no se materializó; las autoridades liberaron a los detenidos poco a poco, dejando a docenas de familias acampadas afuera de las instalaciones penitenciarias esperando respuestas.
Iniciativa
En Caracas, un grupo de unas 10 mujeres que llevaban mascarillas médicas se alinearon a la entrada de una instalación de la policía nacional conocida como Zona 7.
Muchos de ellos estaban durmiendo. Uno de ellos declaró a la AFP bajo condición de anonimato: «Dormir alivia el hambre». «Esperamos quedarnos aquí hasta que todos sean liberados», dijo a la AFP Evelin Quiaro, de 46 años, funcionaria de inmigración y madre de un preso político.
Quiaro, cuyo hijo está detenido desde noviembre por cargos relacionados con el terrorismo, dijo que había comido su última comida alrededor de la 1 de la madrugada. «Ya llevamos mucho tiempo esperando», dijo, calificando la huelga de hambre como «una medida drástica que creemos necesaria para terminar con esto de una vez por todas».
Horas antes, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, anunció la liberación de 17 presos en una publicación en redes sociales, sin nombrarlos. Llamó a los venezolanos a “continuar este camino de paz para la construcción de la convivencia democrática”.
Uno de los liberados fue el líder sindical José Elías Torres, quien estaba detenido desde noviembre.
La legislación de amnistía cubre los cargos de «traición», «terrorismo» y propagación del «odio» que se utilizaron para encarcelar a disidentes, según el texto del proyecto de ley.
