La Fiscalía de La Paz presentó un recurso de apelación contra la decisión judicial que dispuso la extinción del caso Golpe de Estado I y el archivo de obrados a favor del gobernador de Santa Cruz, Luis Fernando Camacho, quien quedó sobreseído del proceso.
El fiscal general del Estado, Roger Mariaca, informó este lunes que la resolución emitida por el Tribunal Sexto de Sentencia de La Paz beneficia únicamente a Camacho; sin embargo, aclaró que el Ministerio Público presentó de manera inmediata el recurso de apelación.
“Es una resolución que beneficia simple y llanamente al señor Luis Fernando Camacho y que deberá ser considerada por una sala penal de turno del Tribunal Departamental de Justicia”, señaló Mariaca.
El sábado, la justicia determinó la extinción de la acción penal en el caso Golpe I y ordenó el archivo de obrados, lo que derivó en el sobreseimiento del gobernador.
Martín Camacho, abogado defensor de la autoridad departamental, explicó que en diciembre se presentó una excepción de extinción por duración máxima del proceso, prevista en la Ley 1970. Dicha norma establece que ningún proceso penal puede extenderse por más de tres años desde el primer acto procesal.
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Marica indicó que, en audiencia, la comisión de fiscales deberá sostener una acusación que —según afirmó— se basó en acuerdos de procedimiento abreviado asumidos por algunos investigados.
“Ellos prefirieron una salida alternativa a un juicio oral, con penas de tres y dos años”, sostuvo.
Asimismo, señaló que en el proceso existen personas con órdenes de aprehensión vigentes, entre ellas exministros y exaltas autoridades de las Fuerzas Armadas, por lo que llamó a actuar con responsabilidad y objetividad en la investigación.
“Vamos a ser responsables y respetuosos de las resoluciones que emitan los tribunales de justicia, en este caso del departamento de La Paz”, afirmó.
El Fiscal General además exhortó a las personas declaradas en rebeldía a someterse al proceso penal y recordó que, si la autoridad jurisdiccional lo dispone, pueden defenderse en libertad y demostrar su inocencia ante un tribunal de sentencia.
“Es el único espacio donde, siguiendo las leyes y la Constitución, las personas que consideren que no tuvieron participación pueden demostrarlo ante el tribunal que ejerce el control jurisdiccional”, manifestó.
Sobre la extinción del proceso, el Fiscal General aseguró que se demostró que no existió inacción del Ministerio Público, ya que la comisión de fiscales estuvo conformada desde el inicio de la investigación.
Reiteró que, si bien se respeta la decisión judicial, el Ministerio Público tiene la obligación de defender los intereses de la sociedad, motivo por el cual se presentó la apelación.
“Las decisiones que tomen los tribunales serán respetadas; para eso existen los recursos y, si estos ratifican o revocan la resolución, el Ministerio Público acatará lo que corresponda”, mencionó.
